SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado día 10 de marzo, al entender que existe riesgo de fuga, por la posibilidad de que pueda "entorpecer" la investigación y por la gravedad de las penas que le podrían corresponder por los delitos que se le imputan, han informado fuentes judiciales.
En el escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el Ministerio Público esgrime los mismos argumentos que ya expuso a la hora de solicitar el ingreso en prisión del imputado y se opone a la petición planteada por el abogado de Guerrero, quien pidió que su patrocinado fuera puesto en libertad una vez declarara su exchófer, Juan Francisco Trujillo, pues ésta es la única persona sobre el que podría ejercer algún tipo de "presión".
En la comparecencia de medidas cautelares, Anticorrupción se refirió a los delitos continuados de prevaricación, cohecho, falsedad y malversación que la juez imputa a Guerrero señalando que "todos o algunos de ellos tienen en abstracto penas de prisión que superan con holgura los dos años", y en el caso del delito de malversación podría conllevar una pena de hasta 18 años de prisión.
Tras criticar que el encausado no contestara a ninguna de las preguntas formuladas por la propia Fiscalía, el Ministerio Público defendió la existencia de riesgo de fuga "una vez ha tenido conocimiento concreto de las responsabilidades que se le exigen y las penas de prisión con la que están castigados los hechos imputados", a lo que se suma que "pueda entorpecer el buen fin de la investigación".
A su juicio, este "entorpecimiento" vendría dado "no tanto por su capacidad de destrucción directa de fuentes de prueba, sino por la que estimamos evidente capacidad de influencia en otros imputados y/o testigos que hayan de venir aún a declarar, influencia para su favor que se derivaría del natural agradecimiento que muchos beneficiarios de sus ayudas tienen hacia él".
La juez Mercedes Alaya estimó todos estos argumentos y decidió el ingreso en prisión de Guerrero, pues "es claro que, conocida en este momento la importancia de los indicios, la gravedad de los delitos que se le imputan y de las penas que llevan aparejados, no podemos obviar que existe riesgo de fuga, sobre todo teniendo en cuenta que, por la repercusión mediática del caso y por la evidente alarma social creada, Guerrero habría perdido cierto arraigo social y desde luego ha perdido su arraigo laboral, pues no ha podido reingresar a su puesto de funcionario público".
En el auto, la juez dice que "su delicada situación personal y social no harían en modo alguno descartable la evasión de este señor, sobre todo si a ello se le une la precaria situación económica que él mismo afirma, como tampoco es descartable que inclusive pudiera estar recibiendo ciertas presiones externas para que así lo hiciera, por la relevancia de su testimonio en este proceso penal, al poder perjudicar claramente a otros".
La magistrada imputa a Guerrero hasta seis delitos, como son sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
EL RECURSO DE GUERRERO
Además, la juez aprovechó para negar que el ingreso en prisión de Guerrero viniera motivado por la actual campaña electoral de cara a las elecciones del próximo domingo, ya que este argumento, empleado por algunos de los abogados defensores, "supone un absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional".
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, apunta a lo "dificultoso y prematuro" de calificar los supuestos delitos investigados y niega tanto la existencia de riesgo de fuga como las presiones "externas o directas" que pudiera haber, pues, en cuanto al riesgo de fuga, Guerrero "se haya enraizado profundamente en la ciudad de Sevilla y su entorno, y convive con su esposa y una hija de 10 años de edad, quien se encuentra escolarizada".
"Cualquier alejamiento de Sevilla de su hija le provocaría un trastorno emocional incompatible con que el padre siquiera se haga ese planteamiento", asegura De Pablo, que añade que "la convicción de demostrar su inocencia conduce a descartar cualquier planteamiento de fuga", a lo que se suma que ha solicitado su reingreso como funcionario de la Administración Pública una vez fue suspendido temporalmente por estar imputado en estas diligencias. "Si se hubiere planteado sustraerse a la Justicia, no tendría mucho sentido solicitar su reingreso", apostilla.
El letrado, en esta línea, hace referencia a "la extensión temporal tan dilatada" que Guerrero ha tenido para darse a la fuga, incluidos los tres días que duró la declaración, "con salidas externas al juzgado en las interrupciones de mediodía, así como al final de cada sesión diaria", todo ello, además, cuando "en el primer momento de la declaración se le expuso por la instructora la imputación con todos sus detalles".
"NULA" CAPACIDAD DE INFLUENCIA
Respecto a las supuestas presiones, el abogado argumenta que las presiones externas, "de existir, habrían podido producir sus efectos con anterioridad a su declaración en sede judicial, pero no ya en este momento", señalando que "es claro que no han existido tales presiones toda vez que el inculpado ha mencionado y nombrado en su declaración a cuantos han participado de una u otra forma en la manera de desarrollar su trabajo, con independencia del cargo o influencia que puedan tener".
En cuanto a las presiones que él pudiera ejercer, considera que la prisión comunicada "no lograría su objetivo, dado que como bien se expone en el auto pudiera ejercerlas a través de terceros, si fuera su intención, que negamos", punto en el que hizo referencia a la "nula" capacidad de influencia que hoy tiene el propio Guerrero.
