MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que corrija la decisión del magistrado Ángel Hurtado y "acuerde suspender cautelarmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado" de cara al juicio por presunta revelación de secretos.
Así consta en el recurso directo de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado la APIF este lunes contra el auto de apertura de juicio oral que dictó Hurtado el pasado 9 de septiembre, únicamente en lo relativo a su decisión de no acordar la suspensión cautelar, no así contra el hecho de que enviara al banquillo al jefe del Ministerio Público.
Desde la asociación han insistido en que no suspender del cargo a García Ortiz generaría "un agravio comparativo imposible de justificar en términos lógicos". "A cualquier fiscal que estuviera en su misma situación se le suspendería provisionalmente del cargo, impidiéndosele en lógica consecuencia ejercer sus funciones. No obstante, al fiscal general del Estado, cúspide de la organización y representante visible de la misma, no", ha aducido.
Para la APIF, "más allá del agravio comparativo", el hecho de no decretar la suspensión provisional de García Ortiz provocaría "otras tantas situaciones anómalas", como participar en los tribunales que evalúan las pruebas de ingreso en las carreras judicial y fiscal, recibir un "trato protocolario superior" al de los magistrados del Supremo o acceder al tribunal de casación "por la puerta noble".
Además, la asociación ha reiterado que suspender a García Ortiz del cargo es "imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso". En este punto, recuerda que si continuara como fiscal general durante el juicio él sería "el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes".
"Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a don Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado", ha añadido.
VE COMPROMETIDA LA CONFIANZA PÚBLICA EN LA CAUSA
El instructor descartó la petición de la APIF y sostuvo en su auto que en el caso de que la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, recibiera órdenes de García Ortiz ésta "denunciaría tal situación".
En su recurso, la asociación ha manifestado que disiente del criterio del magistrado. Y ha insistido en que "el mero hecho de que exista la posibilidad de que el acusado pueda emitir órdenes al fiscal de su caso, ya es motivo suficiente para intervenir y eliminar dicho riesgo".
En este punto, la APIF ha recalcado que mantener en activo a García Ortiz "frustra inexorablemente" las exigencias de "imparcialidad objetiva" que fija la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), compromete "la confianza pública en la integridad del proceso" y "vulnera la tutela judicial efectiva de las otras partes que intervienen en este proceso".
RECHAZA QUE SEA UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA, COMO APUNTA HURTADO
La asociación también ha indicado que discrepa del argumento de Hurtado de que la suspensión cautelar de García Ortiz es de naturaleza administrativa. "La medida no tiene carácter administrativo, porque lo que aquí se busca es un fin puramente procesal", ha apuntado.
Así las cosas, ha incidido en que su petición está orientada a "garantizar el buen funcionamiento del proceso", por lo que entienden que "no es una medida administrativa, sino cautelar y procesal".
En la misma línea ha defendido que "no procede delegar" la decisión de suspensión relativa a García Ortiz a la fiscal jefe de la Inspección, como acordó Hurtado en su resolución. Y ha insistido en que el instructor es el competente para adoptar tal medida.