MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las declaraciones de los testigos del genocidio maya en Guatemala previstas para esta semana han quedado aplazadas a una próxima fecha aún sin determinar, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas. El genocidio provocó entre 1978 y 1984 más de 250.000 víctimas, de las que más de 45.000 siguen hoy desaparecidas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, que instruye este caso en virtud de la jurisdicción universal correspondiente a los delitos de lesa humanidad, Santiago Pedraz, participa desde la pasada semana en un simposio sobre derechos humanos desarrollado en Filipinas.
El magistrado interrogó durante la primera semana de febrero al primer grupo de testigos protegidos de esta etnia que describieron en su Juzgado las atrocidades a las que ha sido sometido su pueblo.
Estaba previsto que los testimonios continuaran este mes y durante el próximo de mayo, a partir del día 5, momento en que debía acudir a la Audiencia Nacional el último grupo de testigos.
El genocidio maya provocó que cerca de un millón y medio de personas se vieran obligadas a desplazarse de sus hogares y que unas 150.000 tuvieran que verse obligadas a buscar refugio en México, según consta en un auto dictado el pasado 16 de enero por el juez Pedraz. Estos hechos causaron también 667 masacres y que 443 aldeas fueran borradas del mapa.
La citada resolución judicial solicitaba a todos los medios de comunicación de Guatemala, México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos que publicaran una nota en la que el magistrado pedía a cualquier persona que pueda aportar datos sobre el genocidio contra el pueblo maya que comunique a su juzgado o a cualquier otro situado en sus respectivos países toda información que pueda ser relevante para continuar la investigación sobre estos crímenes.
NEGATIVA DEL TC GUATEMALTECO.
Pedraz adoptó esta medida después de que el Tribunal Constitucional del país centroamericano anulara el pasado día 12 de diciembre el proceso judicial abierto contra cinco generales y dos civiles acusados de genocidio por la Justicia española, al considerar que nuestro país carece de jurisdicción para procesarles.
Los imputados en esta causa son el jefe del Gobierno entre marzo de 1982 y agosto de 1983, Efrain Ríos Montt; el jefe del Gobierno entre agosto de 1983 y enero de 1986, Óscar Humberto Mejía Víctores; el presidente de la República entre 1978 y marzo de 1982, Fernando Romeo Lucas García (al parecer fallecido); los ministros Ángel Aníbal Guevara y Donaldo Alvarez; el director de la Policía Nacional, Germán Chupina; el policía Pedro García Redondo y el jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas García.
Guevara y Chupina se entregaron el 6 de noviembre de 2006 al tener conocimiento de que el Tribunal Quinto de Sentencia había avalado la solicitud de captura con fines de extradición de la Audiencia Nacional. Los demás sospechosos interpusieron una serie de acciones judiciales con las que lograron impedir su captura y posible interrogatorio en Guatemala.
El Constitucional guatemalteco resolvió en diciembre amparar a los generales Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y Pedro García Arredondo para que se revoque la orden de captura dictada en su contra por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1. Esta medida también favorece a los generales Efraín Ríos Montt, Germán Chupina Barahona y Benedicto Lucas, así como a los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García Arredondo, según fuentes jurídicas guatemaltecas.
Además de estos hechos, el juez también investiga el incendio de la Embajada de España en Guatemala que ocurrió el 31 de enero de 1980 y en el que murieron 37 personas.
