La Asociación por una Escuela Bilingüe recusa a la magistrada del TC ponente del recurso sobre el 25% de castellano

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha pedido recusar a la magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Laura Díez, encargada de la ponencia sobre la normativa del Govern que impide aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas a raíz de un recurso de inconstitucionalidad de PP y Cs.

En un escrito presentado este miércoles al TC y consultado por Europa Press, la entidad recuerda que la magistrada fue vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries y firmó dictámenes a favor de no imponer este porcentaje de horas lectivas de castellano.

La entidad considera que Díez no puede encargarse del recurso porque "ha tenido participación en el proceso de elaboración y aprobación de las normas objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad".

La AEB también ha presentado al tribunal sus alegaciones sobre la constitucionalidad de la ley y el decreto ley del Govern que supone la nueva normativa sobre lenguas en las escuelas, excluye el uso de porcentajes y por tanto impide aplicar la sentencia del 25% de castellano.

DOCTRINA CONSTITUCIONAL: CASTELLANO Y CATALÁN EN EL APRENDIZAJE

En este sentido, la entidad ha argumentado que la doctrina constitucional fija que tanto el castellano como el catalán han de ser lenguas que se utilicen en el aprendizaje, y ha valorado que la normativa del Govern es contraria a la Constitución.

Además, ha reprochado que tanto la ley como el decreto ley se aprobaron "con la expresa intención de evitar la ejecución de la sentencia del TSJC" que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

En este sentido, apelan a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que fija que "no puede utilizarse la facultad de legislar para privar a los ciudadanos de los derechos que han sido reconocidos por una sentencia".

CARTA AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Por su parte, la plataforma Escuela de Todos --en la que se integra la AEB-- ha pedido por carta al Defensor del Pueblo que informe al TC "de la pertinencia de resolver con carácter prioritario la cuestión de inconstitucionalidad" que el tribunal tiene que resolver.

Lo ha hecho con la intención de "evitar que miles de ciudadanos tengan que recurrir individualmente a los tribunales en amparo de sus más elementales derechos para sus hijos, por estar suspendida la ejecución de la sentencia".