Asociación Familias Yak-42 reclama que en el juicio "se sepa otra verdad sobre la cadena de subcontratas"

ZARAGOZA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias Víctimas del Yak-42 reclama que en el juicio civil que tendrá lugar el lunes 1 de febrero, en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, "se sepa otra verdad, la que tiene que ver con una cadena de subcontratas que acabaron en la adquisición de un avión que nunca debió despegar porque no reunía las condiciones".

A partir de las 10.00 horas, las dependencias judiciales de la plaza del Pilar de Zaragoza serán escenario de la repetición del juicio de esta Asociación contra la compañía Chapman Freeborn, Um Air y Business.

La Audiencia Provincial de Zaragoza, tras el recurso presentado por los demandados, declaró, mediante un auto, en octubre de 2007, la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo en febrero de 2006, al considerar que Chapman Freeborn "no había sido debidamente emplazada por el Juzgado 2 de Zaragoza y por eso no asistió para defenderse", precisa la Asociación de Familias Víctimas del Yak-42 en un comunicado.

"Como ciudadanos nos extraña que todos los medios supieran que se iba a celebrar el juicio, que el Juez de Zaragoza hizo lo que en su mano estuvo para convocarla y que su no presencia provocó un retraso que sin duda fue beneficioso para las arcas de Chapman, pero catastrófico para los familiares y perjudicial para la imagen de la Justicia española", estima la Asociación.

La repetición del juicio supone que "Chapman logró su propósito en la Audiencia Provincial de Zaragoza de obstaculizar y dilatar en el tiempo la intervención judicial", valora la Asociación para añadir que "Chapman alegó que no estaba bien emplazada y su representante Russi Batliwala, declarado en rebeldía procesal, no se presentó al juicio. Sin embargo, "el que decía que no estaba bien citado contestó que no iría al juicio", por lo que se preguntan "cómo contestó si alegaba que no estaba bien citado".

La Asociación de Familiares del Yak 42 incide en que "siempre hemos tenido como objetivo la verdad" y recalcan que "nuestros familiares ya nos habían avisado de que les daba miedo volar, esos aviones eran catalogados como tartanas, había inseguridad real".

En opinión de esta Asociación, la sentencia dictada el 6 de febrero de 2006 "fue clara y los hechos probados también", al recordar que "hubo temeridad de los pilotos, no tenían formación en gestión de recursos en cabina, el ingeniero de vuelo tenía caducado el certificado médico de vuelo, no hubo aplicación de procedimientos, llevaban 23 horas de servicio sin descansar, el vuelo era ilegal y había deficiencias demostradas del aparato que según la normativa aérea internacional le prohibían despegar".

La empresa contratante Chapman era la encargada de garantizar que la aeronave operara con seguridad en todo momento y en conformidad a las leyes y regulaciones de navegación aérea. Chapman era responsable de las condiciones del avión y de los permisos cumplimentados, pero "ni siquiera contrató el seguro de accidentes al que estaba obligada".

"Nuestros 62 eran soldados españoles a los que su país les encomendó una misión en Afganistán y Kirguizistán. Solo cumplían con su deber. Sin embargo, el Ministerio de Defensa, entonces dirigido por Federico Trillo, desatendió sus quejas, ignoró los informes de inteligencia que advertían de los peligros innecesarios al contratar este tipo de compañías", aseveran.

Al respecto, puntualizan que "era vox populi entre los militares que fueron a estas misiones", según el testimonio de una diputada del Congreso en su declaración en la Audiencia Nacional.

"Es doloroso saber cómo en Noruega prohibieron los vuelos de soldados en el Yak-42 de Um Air" y agregan que también "es doloroso comprobar que el vuelo le costó a España 149.000 euros y que Um Air cobró 38.000 euros. Se perdió dinero, se perdió seguridad y se perdieron vidas", lamenta la Asociación.

Para estos familiares, "es doloroso llevar casi siete años en la Audiencia Nacional insistiendo en que hay omisión del garante, que se desatendieron quejas, que no se controlaron las subcontrataciones, ni tampoco la seguridad".

Además, "es doloroso comprobar que la representación legal de Chapman no ha acudido a declarar ante la Audiencia Nacional a pesar de ser requerida varias veces e incluso ofrecerle la posibilidad de utilizar sistemas como la comparecencia por videoconferencia".

En este contexto, avanzan que "será doloroso ver al representante de Chapman en el segundo Juicio Civil defendiendo el patrimonio de su empresa y no haberlo visto en la instrucción penal" y también "es doloroso tener que pedir al Juez Grande Marlaska que, conociendo la presencia en Zaragoza del representante de Chapman, Russi Batliwala, le tenga que requerir a través del Juzgado de Zaragoza para que se persone el día 4 de febrero a las 10.00 horas en la Audiencia Nacional, como así lo ha hecho a solicitud de la Asociación".

Tras exponer todos estos antecedentes, desde la Asociación "nos preguntamos si Chapman por fin colaborará con la Justicia de España, o volverá a desoír el requerimiento de nuestros jueces".

Concluyen al sintetizar que "siete años después ya sabemos --tal y como quedó demostrado en la Audiencia Nacional durante el juicio de identificaciones celebrado en mayo del pasado año-- que las familias teníamos razón y el equipo médico español no identificó".