Asociaciones de Fiscales denuncian el intento de Justicia de otorgar a Segarra la máxima categoría fiscal tras el cese

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de fiscales han advertido este martes que la reforma del Reglamento de la Carrera Fiscal, que ha elaborado el Ministerio de Justicia dirigido por Dolores Delgado, prevé otorgar a la fiscal general del Estado, María José Segarra, la máxima categoría, la de fiscal de sala, una vez que cese de su cargo con el Gobierno.

Este cambio de categoría sería consecuencia de la modificación del artículo 62 del citado reglamento, que regula las situaciones en caso de que expire los mandatos de los fiscales. La reforma pretende que cuando el fiscal general del Estado, siempre que éste sea miembro de la carrera fiscal, cese por alguna de las causas previstas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "quedará adscrito, a su elección, a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a cualquiera de las fiscalías cuyo jefe pertenezca a la categoría primera".

El proyecto del reglamento añade que una vez se consuma el cese, el que haya sido máximo representante del Ministerio Público adquirirá "de forma automática los derechos, honores y tratamientos de fiscal de Sala del Tribunal Supremo hasta su provisión por el Gobierno". Así, una vez que Segarra deje el cargo como fiscal general del Estado podría percibir un ascenso de categoría, ya que antes ejercía como fiscal jefe de Sevilla.

El artículo 31 del estatuto fiscal estable que la cesión se puede dar a petición propia, por incompatibilidad, incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o con el cese del Gobierno que le ha propuesto.

SIN CONTAR CON LA OPINIÓN DE LAS ASOCIACIONES

Tras conocer este supuesto, la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria de la carrera-- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han quejado, en declaraciones a Europa Press, que este proyecto, que tiene rango normativo de decreto, se haya realizado sin tener en cuenta la opinión de los representantes de los fiscales. Asimismo, han apuntado que el propio Consejo Fiscal comienza a estudiar su contenido a partir de mañana, según aparece en el orden del día del órgano consultivo del Ministerio Público, pese a que la memoria de este proyecto tiene fecha del pasado 11 de febrero.

Los portavoces de estas asociaciones Cristina Dexeus (AF) y Miguel Pallarés (APIF) han subrayado que no entienden la premura con la se ha realizado el proyecto y sin contar con ellas, cuando se trata una de las reivindicaciones históricas de la carrera fiscal, pues el Reglamento data de 1969.

Por su parte, según se expone en el preámbulo del texto, se justifica la urgencia en revisar la regulación en que está vigente desde la dictadura franquista y por tanto es una "norma preconstitucional". También porque se considera una "norma preestaturia", ya que el "diseño constitucional y democrático" de la Fiscalía se establece con la publicación de su Estatuto Orgánico, que se aprueba en 1981.

Sin embargo, para la AF, el texto presenta una "deficiencia" técnica y jurídica, según denunció en un comunicado, porque, de ser finalmente aprobado, "renuncia, incomprensiblemente, a la consecución de la reivindicada autonomía funcional, presupuestaria y reglamentaria" de la Fiscalía General del Estado y que regula de forma contraria al Estatuto Orgánico.