La Audiencia nacional celebra mañana una vista de extradición de un ciudadano ruso reclamado por estafa

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional celebra este jueves la vista de extradición para el ciudadano de nacionalidad rusa Sergey Tarasov, que fue detenido en diciembre de 2020 en virtud de una orden internacional de detención emitida por un juzgado moscovita y al que se le acusa en su país de formar parte de un grupo criminal que entre octubre y noviembre de 2013 falsificaron documentos mercantiles para lograr fraudulentamente el control de determinadas sociedades y hacerse con un patrimonio inmobiliario.

El Ministerio Fiscal, que interesa en su escrito que sea extraditado, apunta que de esta manera el grupo se hizo con el control de mercantiles que ostentaban la propiedad de hasta 21 inmuebles valorados en 9.000 millones de rublos, 99 millones de euros al cambio.

Según el escrito, esto pudo realizarse gracias a la intervención de Tarasov que puesto que era empleado del grupo empresarial del empresario Mineyev A.A. tenía acceso a la documentación de las compañías del mismo y facilitó los sellos de las sociedades así como copias debidamente certificadas de sus documentos estatutarios y de fundación.

Con el proceso de ampliación de las sociedades que tenían esos inmuebles, se hicieron con suficiente control como para cambiar al director general de cada una de modo que Mineyev A.A. acabó perdiendo su patrimonio inmobiliario. El fiscal recuerda que cuando éste se dio cuenta y quiso emprender acciones legales fue asesinado en enero de 2014.

NO HAY PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA TASAROV

Para la Federación Rusa, los hechos son constitutivos de un delito de fraude según su Código Penal, mientras que en España la figura es la del delito de estafa. El Ministerio Público indica que se dan los requisitos necesarios para la extradición de doble incriminación --es delito en ambos países-- y mínimo punitivo, puesto que la pena supera el año de prisión.

Además, recuerda que los hechos no han prescrito, que el delito que se persigue ocurrió en Rusia, que lo reclama un tribunal con competencias, que no ha sido juzgado ya por ese hecho, y que no se trata de un caso en el que se dé una persecución política dado que era un simple empleado al servicio de la organización criminal con una posición de subordinado. "Esto hace que un presunto interés político en su persona quede difuminado", añade.

Con todo, el fiscal interesa que Rusia informe de cuál es el sistema de designación de los jueces que acabarán enjuiciando a Tarasov, si hay algún criterio específico para ello, y cuál es el grado de independencia e inamovilidad de los jueces rusos.