El comisario se enfrenta a más de 100 años de cárcel por usar recursos policiales para sus negocios privados
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El tribunal encargado del primer juicio por la macrocausa 'Tándem' sobre los muchos y variados negocios privados del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acordado este miércoles suspender las sesiones previstas para el 27 y el 28 de octubre, dando más tiempo a las partes para que puedan consultar las agendas personales del agente retirado, accediendo así parcialmente a lo que había solicitado su defensa.
En el arranque del juicio, el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, y otros letrados defensores han pedido suspenderlo alegando que el rollo de sala no está digitalizado y que de forma "extemporánea" se ha unido a la causa un informe policial que analiza las anotaciones que hay en esos cuadernos manuscritos sobre las piezas separadas 'Iron' y 'Land', que se ventilan en este juicio junto a la de 'Pintor'.
García Cabrera ha pedido más tiempo no solo para tener acceso a ese informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos, sino también a las agendas originales, denunciando que el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, solo les ha permitido consultarlas durante la fase de investigación acudiendo físicamente a la sede judicial.
El abogado de Villarejo ha hecho hincapié en que se trata de "trece cuadernos con cientos de hojas" que no han podido ver con "el tiempo necesario" para armar bien su defensa, a pesar de que "son sus anotaciones íntimas, su memoria escrita", por lo que ha interpretado esa negativa del juez instructor como una especie de "lobotomía".
"Necesitamos saber el contenido completo de ese informe, no la selección que le interesa a la parte acusadora", ha esgrimido García Cabrera. Y, para ello, ha propuesto suspender el juicio y retomarlo en diciembre, aprovechando las sesiones ya señaladas para ese mes.
Sin embargo, el tribunal presidido por Ángela Murillo solo ha acordado suspender las sesiones del 27 y el 28 de octubre, porque a uno de los abogados defensores se le juntaban con la vista de extradición en Reino Unido del cofundador de Wikileaks Julian Assange, manteniendo las de este miércoles y jueves, tras lo cual el juicio proseguirá el 15 de noviembre, "tiempo más que de sobra" --ha considerado la magistrada-- para que las defensas puedan hacer las consultas que consideren oportunas.
NO AFECTA AL CONTENIDO SUSTANTIVO
El fiscal Miguel Serrano se había opuesto en su turno de palabra a tal suspensión al estimar que, aunque efectivamente se han unido documentos que "pueden ser fuentes de pruebas", no contienen nada que las partes no hayan podido consultar antes, por lo que no se produce indefensión alguna.
Pese a ello, el representante del Ministerio Público ha pedido al tribunal que le permita aportar nueva documentación para hacer constar "la cadena de legalidad" respecto a las agendas incautadas el 23 de octubre de 2020 en la casa de Villarejo y su mujer.
Serrano ha detallado que se trata de la orden de entrada y registro y del auto ampliatorio de la misma que se refiere específicamente a las agendas, además de una certificación del letrado de la administración de justicia que acredita que las anotaciones plasmadas en dicho informe policial concuerdan con las originales.
El abogado de Villarejo ha protestado por la decisión del tribunal de continuar el juicio, salvo esas dos sesiones, insistiendo en que deben unirse las agendas originales en su totalidad, no solo el informe policial. "Queremos que estén en la sala", ha dicho, si bien la juez Murillo le ha emplazado a recurrir.
PROTESTAS DE LA DEFENSA DE VILLAREJO
Este asunto ha provocado una discusión entre el letrado de Villarejo y Murillo. "Los habrá obtenido hace dos días", le ha espetado Cabrera en alusión a esos documentos, a lo que Murillo ha contestado recordando que los datos están en el Cloud de Justicia. "Pero hay 30 tomos", ha respondido Cabrera. "Como si hay 50.000", le ha interpelado la magistrada.
Nos obstante, el tribunal ha rechazado otras de las peticiones planteadas por el Ministerio Fiscal. Entre las mismas se contaba un informe que certifica que Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo, no estaba autorizado para la prestación de servicios de detective privado, sino que afrontaba los encargos porque contaba con funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Además, la Fiscalía había interesado incorporar las declaraciones judiciales de dos de los acusados, Constancio Riaño y Javier Fernández, en las que quedaría acreditado que tuvieron acceso a bases de datos policiales para ejecutar los trabajos.
Antes de finalizar la sesión de este miércoles, la presidenta del tribunal ha propuesto reanudar el jueves por la mañana con las cuestiones previas, aunque la defensa de Villarejo ha alegado que el comisario jubilado tenía un compromiso a las 10.00 horas en Arganda. Por tanto, el juicio se retomará a las 16.00 horas de este jueves.
EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Villarejo ha seguido esta sesión inaugural en silencio, a pesar de que goza del estatus de abogado codefensor y, según las fuentes consultadas por Europa Press tiene intención de ejercerlo a lo largo del juicio. Precisamente, ha accedido a la sala ataviado con la toga de letrado.
Así las cosas, el comisario jubilado --que ha iniciado el juicio sentado en la primera fila del banquillo de los acusados, junto al comisario Enrique García Castaño y su socio, Rafael Redondo-- ha terminado la sesión sentado junto a su letrado aunque sin hacer uso de la palabra.
En declaraciones a la prensa a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Villarejo, ataviado con su ya habitual gorrilla, gafas de sol y carpeta en mano, ha reivindicado su inocencia descartando un eventual acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, al tiempo que ha confiado en que tendrá un juicio justo, a pesar de las "presiones" que, según le "consta", habrían recibido jueces y fiscales. "Somos inocentes", ha afirmado.
MÁS DE CIEN AÑOS DE CÁRCEL
Este primer juicio de 'Tándem' llega casi cuatro años después de que el comisario Villarejo fuera detenido por una causa que ha ido engordando hasta configurar un puzzle de más de una treintena de piezas separadas referidas a los numerosos y diversos encargos que recibió a través de CENYT, su grupo empresarial, radicado en la Torre Picasso de Madrid.
De acuerdo con las pesquisas dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción Número, el denominador común de las piezas separadas, más allá de quién le contratara --desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares-- y para qué, es que Villarejo habría asumido estos trabajos siendo comisario en activo y se habría valido de los recursos policiales a su alcance para cumplir con sus clientes.
La Fiscalía Anticorrupción reclama para Villarejo una pena de prisión de 109 años de cárcel, multas que superarían los 950.000 euros --a las que habría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas--, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.
Villarejo comparece como principal imputado, si bien este juicio congregará a más de 30 acusados entre los que destacan su mujer, Gema Alcalá, para quien la Fiscalía pide 86 años de cárcel, así como Redondo y el comisario García Castaño, que se enfrentan a penas de 102 y 87 años de prisión, respectivamente. No obstante, algunos acusados han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía.
