MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional celebra hoy tres juicios contra el etarra entregado temporalmente por Francia a nuestro país Gregorio Vicario Setién, uno de ellos por su participación en el secuestro, en mayo de 1995, del industrial vasco José María Aldaya. También se le juzgará por la colocación de dos coches bomba en Barcelona.
En el juicio por el secuestro de Aldaya, el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo pide para Vicario Setién 17 años de cárcel por un delito de detención ilegal.
El secuestro lo realizó Setién, otro procesado en rebeldía y una tercera persona no identificada el 8 de mayo de 1995, cuando el industrial, de 53 años y propietario de la empresa Alditrans, regresaba de tomar unas consumiciones con otro trabajador en el Hotel Urdanibia de Fuenterrabía (Guipúzcoa). Setién y los otros dos terroristas le amenazaron con pistolas y le obligaron a subirse a su coche, poniéndole después una capucha y una inyección en el brazo.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, Aldaya estuvo privado de libertad hasta la madrugada del 14 de abril de 1996, en que apareció en el Alto de Azcárate, en el término municipal de Elgoibar (Guipúzcoa). La liberación la realizó directamente Vicario, según la acusación pública.
Durante el tiempo que estuvo privado de libertad, Aldaya fue retenido por Vicario Setién en un habitáculo de tres metros y medio de largo, un metro de ancho y dos de alto. "Dicho local estaba cerrado y sin ventana alguna, con una bombilla para la iluminación, suponiendo unas condiciones de vida infrahumanas para el retenido, teniendo, además, en cuenta su edad y su salud", precisa la Fiscalía.
El secuestro fue reivindicado por ETA mediante una llamada al diario Egin del 25 de mayo de 1995, "sabiéndose que para la liberación del señor Aldaya se exigió a la familia y a la empresa la entrega de una cuantiosa suma de dinero no exactamente determinada pero no inferior a 150 millones de pesetas (901.518 euros) y que, según todos los datos obrantes en la causa, ha sido satisfecha aunque por ahora se desconocen el lugar y modo".
La planificación del secuestro de Aldaya fue realizada por Alfonso Castro, condenado por ello en junio de 1998. El zulo y la atención diaria de Aldaya correspondió a José Ramada Estévez, condenado en abril de 2004. Utilizó 15 millones de pesetas que le facilito el dirigente de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, "Kantauri", para comprar una nave industrial en Ventas de Irún (Guipúzcoa) en la que construyó el zulo y se mantuvo retenido a Aldaya.
Durante las obras de construcción del zulo, Vicario Setién vivió en la nave industrial, marchándose al finalizar las obras, si bien mantuvo contactos periódicos con Ramada a través de citas prefijadas en Hernani, Lasarte y San Sebastián, hasta el momento en el que liberó al industrial secuestrado.
Vicario Setién será juzgado también por su participación en la colocación de dos coches bomba en Barcelona, uno en el aparcamiento de la estación de Sants, en febrero de 1996, que fue explosionado por la Policía -hechos por los que se piden para él 19 años de prisión-; y otro preparado para atentar a un militar residente en la capital condal, aunque éste no alcanzó finalmente su objetivo, en diciembre de 1993. Por este último hecho se piden para el terrorista ocho años de cárcel.