MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Madrid ha puesto fecha para la celebración del juicio contra el exministro de Economía Rodrigo Rato por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio: arrancará el 12 de diciembre de 2023 y se prevé que quede visto para sentencia el 2 de mayo de 2024.
Así consta en una providencia del Letrado de la Administración de Justicia, fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se apunta que, salvo modificaciones, el primer día y hasta el 15 de diciembre se ventilarán las cuestiones previas, mientras que la práctica de la prueba comenzará el 9 de enero de 2024 con el interrogatorio a los acusados.
Cabe recordar que según el resultado de la investigación, Rato habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
Según la Fiscalía, el análisis de la documentación intervenida ha permitido identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. A la luz de tal documentación, y según el informe de 7 de julio de 2020 efectuado por la Unidad de la AEAT adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, concluyeron que resultaron cuotas defraudadas por importe de 7,4 millones de euros.
Anticorrupción, en su escrito de calificación acusaba a Rato de 11 delitos contra la Hacienda Pública, así como de un delito de blanqueo de capitales, un delito de insolvencia punible, un delito de corrupción en los negocios y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.
Solicitaba para él 70 años de cárcel: entre 4 y 6 años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, 6 años por el delito de blanqueo, 4 por el delito de insolvencia punible, otros 4 por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, 3 por el delito de falsedad documental, además de las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la Administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.
LAS PRUEBAS PROPUESTAS
Asimismo, en un auto fechado este martes 19 de septiembre, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, la Sección número 7 de esta audiencia provincial se pronuncia sobre la prueba a practicar en el plenario y que ha sido interesada tanto por la Fiscalía como por Abogacía del Estado y los hasta 12 encausados.
En este sentido, además de admitir para el Ministerio Público la declaración de los acusados y de los representantes de las mercantiles encausadas, aprueba una veintena de testificales y varias periciales de Hacienda y de unidades policiales especializadas.
En cuanto a la prueba propuesta por la defensa de Rato, el tribunal acuerda la mayoría de las solicitudes de testificales si bien deniega que declare el exministro Rafael Catalá "dado que su testimonio se propone por supuestas manifestaciones realizadas con carácter general y que no tienen relevancia para el enjuiciamiento de los hechos presuntamente cometidos por los acusados".
Tampoco acepta la testifical de Santiago Menéndez, quien fuera director de la Agencia Tributaria entre 2013 y 2018, y que también propuso la defensa del exministro. Lo planteó para que testificara "en relación con sus declaraciones públicas sobre las investigaciones previas a la denuncia temprana que realizaron los funcionarios que él dirigía" y que dio lugar al inicio de la causa.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, donde se ha investigado este asunto, dictó auto de apertura de juicio oral en junio de 2021, señalando a Rato por la presunta comisión de 11 delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de corrupción en los negocios.
ACUMULACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS EN UNA SOLA CAUSA
En este juicio se ventilará para Rato la causa en su totalidad, dado que en 2019 la Audiencia Provincial decidió anular el procesamiento relativo a la pieza en la que se investigaba el presunto cobro de 835.000 euros en comisiones por parte del que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional y presidente de Caja Madrid por contratar la publicidad de Bankia con dos agencias concretas. Por este asunto, la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión.
La Audiencia ordenó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que acumulara todas las piezas que conforman el conocido 'caso Rato' para convertirlo en un único proceso. Los magistrados explicaron en su auto que de este modo se evitarían "pronunciamientos contradictorios" que pudieran darse si se juzgaban por separado la decena de piezas que había abiertas para esclarecer el origen del patrimonio de Rato.
LOS FRENTES JUDICIALES DE RATO
Cabe recordar que ya en septiembre de 2020 el que fuera exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar conoció la sentencia de la Audiencia Nacional que le absolvía por la salida a Bolsa en 2011 de Bankia, entidad que dirigía en esas fechas.
Previamente a conocer esa absolución, ya fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid, una sentencia que fue confirmada en octubre de 2018 por el Tribunal Supremo y que le obligó a entrar en la prisión madrileña de Soto del Real.
La causa que se sigue en los juzgados madrileños comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a Hacienda por cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015. El exvicepresidente siempre ha defendido su inocencia en esta causa y ha arremetido contra la Fiscalía por creer las conclusiones "disparatadas" que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, a quien ha acusado de hacer una investigación "prospectiva".
Y así lo manifestó también la última vez que Rato compareció ante el juez instructor Antonio Serrano-Arnal el 30 de julio de 2018, cuando negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.
En el informe de la UCO incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".
El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.
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