La AUGC anuncia un calendario de movilizaciones para denunciar el incumplimiento del PSOE de sus compromisos electorales

Reclama que a los agentes no se les aplique el Código Penal Militar y subraya que le da la razón una sentencia del Tribunal Europeo de DDHH MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, anunció hoy un calendario de movilizaciones a partir de la primera quincena de diciembre para denunciar el incumplimiento por parte del PSOE de su compromiso electoral de dejar de juzgar a los agentes por el Código Penal Militar y de regular su derecho de asociación profesional.

En ese calendario de protestas, que la asociación rehusó precisar para evitar el "boicoteo" por parte del Ejecutivo, habrá previsiblemente una concentración en Madrid con el objetivo de denunciar lo que la asociación considera una "voluntad" por parte del PSOE de "remilitarizar el sistema policial español".

En rueda de prensa en Madrid, el secretario general de la AUGC, Joan Miquel Perpinyà, explicó que no les queda "otro remedio que salir a la calle" y "pedir por las malas" lo que no les quieren dar, aunque lo harán, aseguró, "respetando" la legalidad.

Además, subrayó que la "desmoralización general" de los guardias civiles "está afectando a la operatividad y eficacia de las unidades" y admitió que la asociación ha observado "un incremento de la delincuencia en la demarcación de la Guardia Civil".

Perpinyà denunció que los responsables del PSOE y los miembros del Gobierno se han "hartado" de prometer tanto durante la campaña de las generales de 2004 como ya en el Gobierno, que regularizarían las asociaciones, a través de un Estatuto de Derechos y Deberes, y suprimirían la aplicación del Código Penal Militar para juzgar a los guardias civiles.

En este sentido, señaló que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró el pasado 10 de febrero de 2006 en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que entre los 28 proyectos de ley que el Ejecutivo iba a aprobar en este periodo de sesiones, que finaliza el próximo diciembre, estaban la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de la Guardia Civil.

Perpinyà denunció que se use la naturaleza militar de la Benemérita para "recortar derechos" y para que "la Constitución no entre en los cuarteles". Además, lamentó que todavía a los guardias civiles se les sancione "de una manera tan severa" que hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dependiente del Consejo Europeo, ha afirmado que el arresto domiciliario de seis días de un guardia civil violó el artículo 5.1. del Convenio europeo de los Derechos del Hombre y de Libertades Fundamentales.

SEIS DÍAS DE ARRESTO POR VISITAR SIN PERMISO A UN FAMILIAR ENFERMO

El secretario general de la AUGC se refería así al caso de Juan Carlos Da Costa Silva, un guardia civil que fue sancionado con un arresto domiciliario de seis días por desplazarse desde Gijón, donde prestaba servicio, a Tuy (Pontevedra) para ir a visitar en 1998 a un familiar enfermo sin haber pedido permiso previo a su jefe de unidad.

Este mando le impuso una sanción según la cual Da Costa Silva fue sancionado con un arresto domiciliario de seis días. En el momento en que Silva se ausentó estaba de baja por enfermedad, por lo que no dejaba de prestar servicio. Después de diversos recursos judiciales, demandó a España ante el citado tribunal que resolvió a primeros de noviembre que el arresto de Silva violó el artículo 5.1 del Convenio según el cual "toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad" salvo en el caso de que sea "detenido regularmente después de condena por un tribunal competente".

El tribunal de Estrasburgo explica en la sentencia que la reserva que España firmó al convenio "tenía y siempre tuvo por objeto el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas". Y argumenta que "si desde 1991 la Guardia Civil, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y no fuerza armada tiene como imperativo legal, recordado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un régimen disciplinario específico, diferente de las Fuerzas Armadas, y regido por una ley orgánica propia, la reversa no puede extenderse (...) a una norma que tiene como finalidad una segregación del objeto reflejado en la reserva".

Da Costa Silva, que acompañó a Perpinyà en la rueda de prensa, pidió al PSOE que sea "tan valiente" con respecto a los compromisos electorales adquiridos con la Benemérita como lo fue en el caso de los matrimonios homosexuales o la guerra contra Irak.

MÁS DE 46.000 SANCIONES DISCIPLINARIAS DESDE 1990

Entre los años 1990 y 2004, en la Guardia Civil se han impuesto 46.903 sanciones disciplinarias, de las que más de 32.000 fueron privativas de libertad y de estas 32.000, 1.027 se cumplieron en establecimientos disciplinarios militares, es decir, no eran arrestos domiciliarios, según datos facilitados por Perpinyà, que los contrapuso a las sanciones disciplinarias sufridas por la Policía Nacional en el mismo periodo: 16.972.

Perpinyà consideró que la sentencia del caso Da Costa Silva va a obligar al Ejecutivo a cambiar la ley de régimen disciplinario, pero se preguntó qué va a pasar con los 32.000 privados de libertad que ha habido en 14 años. En este sentido, anunció que los servicios jurídicos de la AUGC estudian la posibilidad de "pedir indemnizaciones al Estado" al entender que la sentencia del tribunal de Estrasburgo "echa por tierra una ley que se ha estado aplicando a la Guardia Civil de forma cotidiana".

La AUGC también denunció que a día de hoy Zapatero no cumplió la promesa que hizo en la Academia de Baeza el año pasado sobre que se aplicaría "íntegramente" a la Guardia Civil el acuerdo salarial alcanzado con la Policía Nacional.