El agujero en las arcas de la entidad alcanzó los 10 millones de euros al sumar los intereses, que aún se siguen afrontando en la actualidad
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Santiago de Compostela ha dictado, a instancias de la Fiscalía, un auto en el que confirma que "pudieran ser constitutivas de delito" las irregularidades detectadas en 2001 en la gestión de los fondos de formación que realizaba la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).
El auto alude al exsecretario xeral de la CEG Rafael Sánchez Sostres, así como a los responsables de cuatro empresas consultoras de formación, según han informado a Europa Press fuentes de la patronal gallega, con lo que posiblemente en los próximos meses, después de 11 años, se llevará a cabo la vista oral del caso.
En febrero de 2000 saltaron a la luz las irregularidades en la situación contable de la CEG, que provocaron la destitución del entonces secretario xeral, quien entonces era el responsable de la gestión económica y de la contabilidad. Asimismo, posteriormente presentó su dimisión como presidente de la CEG Antonio Ramilo, ya fallecido, a consecuencia de descubrirse un agujero en las arcas del órgano que entonces se cifró en mil millones de pesetas.
Lo sustituyó en la presidencia de la patronal gallega Antonio Fontenla, quien continúa al frente de la entidad, y quien con el nuevo equipo gestor emprendió una investigación interna y una auditoría contable externa.
IRREGULARIDADES
Se detectó el desvió de caudales públicos procedentes de los fondos destinados a formación. El nuevo equipo gestor decidió poner las irregularidades en conocimiento de la Fiscalía, ya que el por entonces secretario general de la CEG "llevaba a cabo de forma directa y con plena independencia" la gestión de los cursos de formación organizados por la patronal gallega, la contratación de proveedores y de consultoras y la justificación de su realización.
Además, se constató la desaparición de los registros contables de las operaciones realizadas y de informes de los archivos. Ante estas irregularidades, la propia CEG se presentó como acusación particular para colaborar en la depuración de responsabilidades y dejó de ejecutar formación continua y ocupacional, que en la actualidad sólo es gestionada por las confederaciones provinciales.
El agujero financiero encontrado ascendía a 6,3 millones de euros de deuda con distintas administraciones y proveedores, cantidad que al final alcanzó los 10 millones de euros al sumar los intereses de los préstamos solicitados y otros conceptos.
CUENTAS
Según la CEG, en la actualidad sus cuentas están "estabilizadas", aunque sigue pagando la deuda y quedan por esclarecer las responsabilidades penales y civiles de los hechos. A juicio de Antonio Fontenla, este proceso judicial "está llamado a cerrar un episodio lamentable en la gestión pasada de la organización empresarial", del cual lamenta que, aparte del "enorme quebranto económico", también causó "un fuerte desprestigio social".
Actualmente, la CEG presenta sus cuentas en el Registro Mercantil y mantiene en marcha el proceso de recuperación económica de sus arcas con un programa basado en la austeridad, pero el propio Fontenla reconoce que la crisis económica retrasa este proceso.
"El posible inicio de la causa en el último año del actual mandato me causa una especial satisfacción, puesto que, en tres mandatos el actual equipo logró imprimir una mudanza radical a esta organización, permitiéndole recuperar su papel como referente indispensable en las relaciones sociolaborales de la comunidad", ha afirmado Antonio Fontenla.
