MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, reveló hoy que tanto el servicio jurídico del Estado como la Fiscalía "tiene conocimiento" de irregularidades en el Ayuntamiento de Cuenca entre los años 2004 y 2005, donde se había detectado falta de control urbanístico e insolvencia de las cuentas públicas. El caso se encuentra ya en la "sección de enjuiciamiento" del Tribunal a la espera de que puedan atribuirse responsabilidades penales y contables.
De esta forma se pronunció el presidente del órgano fiscalizador en el Congreso con relación al informe del Ayuntamiento de Cuenca relativo aL 2004 y 2005 que recomienda al Consistorio la elaboración de un Plan de Saneamiento y la revisión de la contratación de servicios y personal laboral, así como de la regulación del régimen de las relaciones con la empresa Empuser.
El informe se aprobó en noviembre del año pasado y motivó que el PP pidiera la dimisión del que fuera alcalde del municipio durante los años 2004 y 2005, José Manuel Martínez Cenzano, y ahora Defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha. Entonces, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, invitó a Martínez Cenzano a abandonar el cargo de Defensor del Pueblo y a dejar "en buen lugar" una institución tan respetable, al considerar que no está capacitado ni legitimado para defender derechos ciudadanos.
En su intervención, señaló que la gestión municipal "se caracterizó por la falta de planificación de los gastos que hubieran requerido la celebración de contrato y por deficiencias en su control". Así, indicó que entre los años 2004 y 2005 se realizaron gastos por 3 millones de euros "sin haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación", como fue en el caso de los servicios de limpieza de las instalaciones municipales, sin contrato desde 1999, y que costaron a la hacienda local 1,3 millones de euros.
Además, cuestionó la creación de la empresa municipal Empuser en 2005, que a su entender "no estuvo motivada". Es más, a su juicio, esta sociedad "supuso, de hecho, la externalización de parte de la contratación administrativa del Ayuntamientos, sobre todo en materias atribuidas al Servicio Municipal de obras". Indicó que el coste para el Ayuntamiento de las prestaciones realizadas por esta empresa "incrementaron en un 20 por ciento el coste directo de los contratos".
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