Begoña Gómez pide su absolución si hay juicio por "inexistencia absoluta" de indicios y "mala fe" de las acusaciones

   MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

   Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado ser absuelta si finalmente la causa contra ella llega a juicio, al considerar que los hechos por los que se la investiga "no son constitutivos de delito alguno" y que existe una "mala fe" por parte de las acusaciones.

   Así lo ha manifestado el abogado de Gómez en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juzgado que le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

   La esposa del presidente denuncia "temeridad de las acusaciones" --encabezadas por Hazte Oír-- que "se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el procedimiento" porque, en su opinión, "ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio".

   "Las acusaciones sostienen su pretensión punitiva a pesar de que los elementos de prueba obrantes en la causa, valorados en su conjunto, resultan manifiestamente insuficientes para sustentar los tipos penales imputados", apostilla.

   Asimismo, el letrado y exministro de Gómez, Antonio Camacho, argumenta que "la mala fe de las acusaciones resulta apreciable en la medida en que la acción penal fue ejercitada y ha sido mantenida con fines distintos a la legítima persecución del delito".

   Y manifiesta que las acusaciones están "instrumentalizando el proceso penal como mecanismo de presión y de generación de daño reputacional" para Gómez, "sin que existiera una correlación real entre los hechos investigados y las gravísimas calificaciones jurídicas sostenidas".

   Por estos motivos, el letrado pide que "acuerde la condena en costas de las acusaciones, incluyendo en dichas costas los honorarios del letrado y los derechos del procurador de esta defensa".

   Además, alega que "inició su colaboración con la Universidad Complutense de Madrid" (UCM) en el año 2012, "momento en el que su cónyuge no ostentaba responsabilidad pública alguna".

    El abogado señala que Gómez desempeñó esta labor "de forma simultánea" con su actividad laboral en el sector privado, un empleo en el que "solicitó la excedencia" en 2018, cuando Sánchez se convirtió en el jefe del Ejecutivo, "con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses derivado de la posición institucional de aquel".

 EL DINERO DEL 'SOFTWARE' FUE PARA LA UCM

   El juez Juan Carlos Peinado ha indagado en varias líneas de investigación: presuntas influencias a favor de Barrabés, la gestión de la cátedra que codirigía, la presunta apropiación indebida del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Álvarez como asesora en Moncloa.

   Sobre el 'software', Gómez señala que en el "convenio de creación de la cátedra" se preveía "la creación y puesta en marcha de 'una plataforma tecnológica digital concebida como herramienta para la medición del impacto social y su cuantificación, que facilite una aceleración dentro del proceso, que dará como resultado una maximización del impacto, la generación de nuevas oportunidades e inversiones'".

    Una plataforma que se ideó, según la defensa de la investigada, "como una plataforma gratuita y que era propiedad de la UCM" y que se desarrolló gracias a "la colaboración de distintas empresas, en su mayoría tecnológicas, que aportaron horas de trabajo o cantidades de dinero".

    "Todas esas cantidades de dinero fueron ingresadas en el patrimonio de la UCM de forma que la propia UCM licitó los contratos que eran necesarios para la puesta en marcha del citado 'software'", señala.

   Y detalla que en el procedimiento "consta que el citado software no se finalizó, estando en fase de pruebas en el momento de incoación del presente procedimiento, de forma que nunca estuvo en uso ya que, cuando se incoa el presente procedimiento, la UCM decidió finalizar la cátedra y el cierre de todas sus actividades".

   En ese momento, añade, "los fondos fruto de las aportaciones de las empresas colaboradoras que no habían sido utilizados quedaron en el patrimonio de la UCM". La universidad comunicó al juez que abonó 113.509,32 euros para el desarrollo del 'software'.

   Y en lo que respecta a su asesora, el abogado detalla que Álvarez "ha remitido un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales" a la esposa del presidente.

    Unos correos que, a su juicio, "fueron siempre remitidos desde su cuenta particular" y cuya remisión "no ha afectado en absoluto al correcto cumplimiento de sus funciones y por ello no ha supuesto, tampoco, ningún menoscabo de recursos públicos".

DIJO QUE SE LE INVESTIGA POR SER ESPOSA DE SÁNCHEZ

   Cabe recordar que Gómez presentó un recurso a la Audiencia Provincial de Madrid --que tiene que pronunciarse sobre la decisión del juez de abocar la causa a un juicio con jurado popular-- la semana pasada, en el que alegó que se la investiga por "ser cónyuge del presidente del Gobierno".

    En dicho escrito, el abogado de Gómez interesó que los magistrados del tribunal superior dejen sin efecto y declaren nulo el auto con el que Peinado rechazó un recurso suyo contra su decisión de dirigir la causa a un jurado.

   La defensa de Gómez indicó que no comprende "cómo se puede vincular" el acceso de Sánchez a la Presidencia del Gobierno "con un cambio significativo en la actividad profesional de Gómez".

   El abogado señaló que Gómez se dedicaba al ámbito de la consultoría y ya tenía actividad docente "desde muchos años antes" de que empezara a codirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

   Gómez también pidió la semana pasada al juez Peinado que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial resuelva recursos presentados y después de que en abril el juez planteara juzgarla por jurado popular, formado por ciudadanos y no exclusivamente por jueces.

   La acusación popular que lidera Hazte Oír en la causa solicitó, en su escrito de acusación, la apertura de juicio y 24 años de cárcel para la esposa de Sánchez, 22 para Álvarez y seis para Barrabés.