BRUSELAS, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha dicho este martes que sigue "muy atentamente" la situación en España en donde la tramitación de la reforma del Código Penal que incluye la supresión del delito de sedición y cambios en el sistema de elección al Tribunal Constitucional ha sido suspendida por el pleno del propio Constitucional, si bien los servicios comunitarios han evitado pronunciarse porque se trata aún de una propuesta de ley.
"Seguimos la situación muy atentamente, estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario en materia de Justicia, Christian Wigand, quien ha apuntado que Bruselas "no comenta" ni pronunciamientos del Constitucional ni propuestas de ley que se encuentran aún en tramitación.
"Por supuesto --ha añadido el portavoz-- esperamos que las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo a las reglas y procedimientos nacionales".
Ya la pasada semana el Ejecutivo comunitario apuntó que examinará las reformas en España en el marco de su evaluación anual del Estado de derecho en todos los Estados miembro, un análisis de la salud democrática en cada país que habitualmente publica a inicios de verano.
"Mientras se trate de un proyecto de Ley no hacemos comentarios de procesos en curso", ha insistido Wigand este martes, quien ha subrayado también que desde el Ejecutivo comunitario seguirán "vigilando" las reformas, "en especial desde el marco del informe sobre Estado de derecho".
En este contexto, Wigand ha apuntado también que la posición de la Comisión Europea respecto a la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "clara y estable".
De este modo, el portavoz se ha referido indirectamente a las recomendaciones de la última edición del informe sobre Estado de derecho que reclaman a España una renovación urgente del órgano de gobierno de los jueces y que, inmediatamente después, se emprenda una reforma del sistema de elección para que una mayoría de los vocales sean elegidos por sus jueces, en línea con los estándares que recomienda Bruselas y el Consejo de Europa.
