MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha adelantado este martes que el Ministerio "no va a renunciar" al actual modelo de asistencia jurídica gratuita y ha advertido a las comunidades autónomas que su obligación es la de establecer las partidas presupuestarias necesarias para sostenerlo, al igual que hace el Gobierno en aquellos territorios en los que las competencias en este ámbito no han sido transferidas.
Caamaño ha realizado estas manifestaciones tras la presentación de un plan de refuerzo en el Tribunal Supremo, al ser preguntado sobre las reclamaciones que las comunidades autónomas le realizaran con ocasión de la Conferencia Sectorial que se celebrará esta tarde en la sede del Ministerio.
Las doce comunidades que tienen transferida justicia han acordado reclamar al Ministerio una reforma del funcionamiento de los abogados de oficio y la competencia sobre el personal no judicial que trabaja en este servicio.
Sobre el primero de estos asuntos, el ministro ha reconocido que es cierto que la crisis económica y el impacto de la llegada de extranjeros a nuestro país incrementó el gasto en asistencia jurídica gratuita y que, pese a que la modificación de la Ley de Extranjería corrigió algunas disfunciones, el Ministerio está dispuesto "a abordar aquellas reformas que sean necesarias para evitar duplicidades, costes añadidos y ganar agilidad y eficiencia".
Sin embargo, ha subrayado que su departamento "no va a renunciar nunca a la defensa de este derecho de los ciudadanos y al modelo que existe en la actualidad", basado en la colaboración entre los poderes públicos y los profesionales del derecho, particularmente los colegios de abogados y procuradores.
"MODELO QUE GARANTIZA DERECHOS".
"Creemos que es un buen modelo, que garantiza los derechos y las libertades de las personas que carecen de recursos económicos y que una cosa es perfeccionar el modelo, para evitar elementos no eficientes dentro del mismo, y otra la lógica del mismo", ha añadido Caamaño.
En este sentido, ha destacado que hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas asumieron la competencia del servicio de justicia gratuita y que "de la misma manera que el Gobierno de España destina en sus presupuestos una partida para atender este derecho fundamental, también las comunidades autónomas, por mandato estatutario y por la competencia que han asumido, tienen la obligación de establecer esa partida presupuestaria y atender así a los derechos de los ciudadanos".
Sobre la competencia sobre personal judicial reclamada por las comunidades, Caamaño señaló que escuchara las propuestas que se le realicen, si bien considera que el momento actual no es el mejor para abordar este asunto.
"El proceso de transformación en el que se encuentra la Administración de Justicia española con la nueva Oficina Judicial, la creación de relaciones de puestos de trabajo en cada uno de los lugares de España en los que la Oficina se despliega, así como todos los procesos de modernización tecnológica, de formación y adaptación a las nuevas unidades del personal al servicio de la Administración de Justicia aconsejan, en principio, no añadir mayores complejidades a las que ya nos encontramos en este momento de cambio", ha concluido Caamaño.
