Recuerda a CiU que el pueblo catalán apoyó el sistema de financiación del Estatut que "no es, ni mucho menos, similar al Concierto" vasco
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cree que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut ha podido crear más independentismo, pero espera que se imponga la reflexión tras los comicios autonómicos que tendrán lugar en noviembre.
Al ser preguntado si cree que la sentencia ha creado más independentismo en Cataluña, Caamaño respondió: "puede ser y más en momentos electorales que esas tendencias se puedan acuciar". Pero dijo estar convencido de que en el medio plazo y una vez que pasen las elecciones "la reflexión volverá a imponerse".
En este sentido, aseguró que lo que se quiere desde el Gobierno es "buscar puentes que reafirmen esa convivencia entre unos y otros" al ser conscientes, añadió, de que "una España sin Cataluña, sin el País Vasco, sin Galicia, sería otra España pero no la España de todos que hoy tenemos".
SENTENCIAR SOBRE LO IDENTITARIO ES LO QUE HA PRODUCIDO RECHAZO
Francisco Caamaño considera que "probablemente" han sido esos elementos que "afectan a lo simbólico y lo identitario" lo que ha producido "rechazo" de la sentencia ante los ciudadanos de Cataluña.
Según el ministro, Cataluña podía haber optado en el inicio de este proceso por dos cosas: haber propuesto una reforma de la Constitución o una del Estatuto. Sin embargo, recordó que las fuerzas políticas catalanas, desde la lealtad a la Constitución, promovieron un proyecto que ellos consideraban interpretar la Constitución. Después, dijo, el texto experimentó una "profunda transformación" como consecuencia de su paso por el Congreso de los Diputados y finalmente, los ciudadanos de Cataluña votaron en referéndum ese texto en "ejercicio de lealtad al procedimiento y la Constitución".
Por eso, dijo, "entiendo que algunas de las declaraciones que se contienen en la sentencia puedan generar cierto disgusto en la sociedad catalana".
En cualquier caso, el ministro de Justicia cree que el Estatuto es una norma perfectamente válida para Cataluña y otras CCAA que han acogido un modelo similar.
"Creo que son normas que dan más derechos, competencias y mejor calidad de vida a los ciudadanos y por ello estoy convencido de que una vez que se vaya desarrollando e implementando podamos entre todos cerrar ese sentimiento y seguir trabajando juntos en este proyecto común que llamamos España", apostilló.
POLITICAMENTE LEGITIMO REIVINDICAR FORMULAS COMO EL CONCIERTO
Al ser preguntado por una de las demandas de CiU de cara a la campaña electoral, que demanda una nueva relación económica basada en un Concierto económico similar al vasco o al navarro, el ministro explicó que la financiación autonómica que se contempla en el Estatuto y en la actual LOFCA ofrece una "respuesta adecuada" dentro del marco de la Constitución.
No obstante, cree que "políticamente" ve "legítimo" reivindicar "nuevas fórmulas". Sin embargo, recordó que el "pueblo catalán, en referéndum, ha apoyado el sistema de financiación que tiene su Estatuto y ese sistema no es, ni mucho menos, similar a un sistema de Concierto".
Sobre si cabría en la Constitución un modelo de Concierto similar al vasco o el catalán, Caamaño respondió que cuando se habla de un Concierto económico se habla de "sistemas similares o parecidos, pero no exactamente iguales, que, en efecto estos están establecidos exclusivamente para el País Vasco y para Navarra".
Pero quiso dejar claro que "en este momento", la voluntad del Gobierno y la que han aprobado las Cortes Generales y aceptado los ciudadanos de Cataluña expresamente en referéndum era de avanzar en un modelo de financiación que "permitiese conceder más recursos a aquellas CCAA que aportan más al sistema, evitando que esa aportación de las CCAA que más tienen en favor de las que menos tienen produjese el efecto económico de que en un determinado momento se fuesen empobreciendo como consecuencia de ese traslado de recursos". Una reivindicación que, a su juicio, era "perfectamente razonable".
"Políticamente se pueden anunciar fórmulas o sistemas de financiación", afirmó, al tiempo que admitía que la Constitución "no tiene una regulación específica, puntual y detallada de esta materia y por tanto pueden haber soluciones y procedimientos distintos".
