MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha defendido el actual sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya última palabra recae en el Congreso y en el Senado, al considerar que de esta forma se "dignifica" al órgano de gobierno de los jueces y se le aporta "legitimidad democrática".
Caamaño ha respondido de esta forma en el Pleno del Congreso de los Diputados a una interpelación que le ha dirigido la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien ha propuesto la elección directa de los vocales por parte de los "profesionales de la justicia" para poner fin al "mercado persa" entre los partidos políticos en que, a su juicio, se ha convertido esta designación.
El titular de Justicia ha defendido que el actual modelo, puesto en marcha en 1985 y modificado en 2001 para aumentar la participación de las asociaciones judiciales, es "plenamente constitucional y expresa la voluntad y el pluralismo del pueblo español", ya que las Cortes son las únicas que pueden aportar "la mayor legitimidad democrática dentro de un sistema parlamentario".
"En un estado democrático nada tiene más legitimidad que el Parlamento", ha dicho Caamaño antes de subrayar que, al margen del CGPJ, son la Constitución y las leyes las que garantizan la independencia de los jueces en su función jurisdiccional. "Parece como si el Parlamento, en lugar de legitimar el origen electivo de ciertos miembros del CGPJ, lo fuese a contaminar", se ha extrañado.
"MODELO GREMIAL"
En este punto, ha rechazado que alguien pueda pensar que un juez o magistrado que haya tenido una "impecable trayectoria profesional" vaya a dejar de lado "su profesionalidad, su independencia y su criterio propio" por el hecho de ser nombrado vocal. "No sólo es independiente y libre para ejercer sus funciones, sino que se sentirá respaldado por el plus que le da el hecho de ser nombrado por los representantes de los españoles", ha defendido.
Tras recordar que en otros países democráticos como Alemania o Estados Unidos el control de los jueces lo lleva a cabo el propio Ejecutivo, el ministro de Justicia ha criticado que sólo los profesionales de la justicia puedan decidir sobre el órgano de gobierno de los jueces porque eso supondría, a su juicio, establecer "un modelo de sufragio censitario con carácter gremial" en el que estarían "excluidos el resto de ciudadanos".
"PSOE Y PP, COMO LA VISA Y LA MASTERCARD"
Díez, que concretará su propuesta en una moción que será debatida por el Pleno el próximo día 29, ha reclamado a socialistas y 'populares' que "saquen la mano" del Consejo General del Poder Judicial y pongan fin al sistema de "cuotas" entre la mayoría progresista y la conservadora, que ya "ni siquiera disimulan". "Ustedes son iguales, como la Visa y la Mastercard: distinto color, mismo objetivo", ha aseverado.
A su juicio, el actual sistema conculca la separación de poderes y "traiciona sin paliativos" la letra de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que insistía en la necesidad de "una absoluta sustracción del estatuto jurídico de jueces y magistrados a toda posible interferencia por parte de los otros poderes del Estado". "Éste no es un debate sobre cómo repartimos las cuotas --ha defendido Díez--. Es un debate para que no haya cuotas de los partidos políticos en el CGPJ, para que nadie hable en nombre de la cuota que lo ha designado".
El modelo que UPyD defenderá en su moción, según ha explicado la parlamentaria, comprendería "una reforma legal, que no constitucional" que estaría orientada a "la elección directa de los profesionales de justicia" y en la que "el único interés que debería prevalecer sea el del conjunto de los ciudadanos".
Actualmente, el CGPJ está formado por 20 vocales, la mitad nombrados por el Congreso y la otra mitad por el Senado: 12 de ellos entre jueces y magistrados, preseleccionados por la asociaciones, y otros 8 son juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos. Los 20 vocales electos eligen al presidente del Consejo, que también ostenta la máxima representación del Tribunal Supremo.