CANARIAS.-Soria (PP) rechaza "juicios paralelos" en la apertura de diligencias al presidente de Canarias en el caso Anfi Tauro

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Feb. (EP/IP) -

El presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, rechazó hoy la realización de "juicios paralelos" sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de abrir diligencias previas en la pieza separada que afecta al presidente del Gobierno de CC, Adán Martín; al director del gabinete de Presidencia, Salvador Iglesias, y al consejero regional de Política Territorial y Medio Ambiente, Domingo Berriel, por supuestas irregularidades en el caso Anfi Tauro. El dirigente popular se preguntó "porqué no se detiene a ningún alcalde y concejales del PSOE" por presuntas irregularidades urbanísticas.

Soria no se manifestó hoy martes, en los pasillos del Parlamento de Canarias, sobre el fondo de la decisión del TSJC pero sí sobre las formas. El dirigente del PP resaltó la "relevancia" de que la decisión del TSJC se haya conocido mediante un comunicado, en el que se informa del traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la competencia de dicha Sala para investigar a los dos miembros del Gobierno aforados y a Salvador Iglesias.

En este sentido, criticó una vez más que el pasado viernes se filtrara a los medios de comunicación que el TSJC recibiera del juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana una pieza separada del caso, derivada de la investigación en Mogán, por presunta corrupción, denominada Operación Góndola.

Soria insistió en la afirmación de que la apertura de diligencias "no significa nada y, por tanto", iba "a rechazar cualquier insinuación que suponga hacer un juicio paralelo o una sentencia en la calle, ni en este caso ni en ningún otro".

Sin embargo, el presidente del PP regional se permitió cuestionar el funcionamiento las operaciones policiales en las que se detienen a imputados por presunta corrupción urbanística en España relacionándolas, una vez más, con intereses políticos del PSOE.

José Manuel Soria declaró que "si todos somos iguales ante la ley porqué resulta que, en España, no es detenido ni un solo concejal ni un solo alcalde del PSOE". Aseguró que hay cerca de 60 ediles y alcaldes socialistas imputados en delitos "exactamente iguales por los que, en otros lugares de España, se detiene a los del PP".

Reiteró que "si todos somos iguales ante la ley a mí alguien me tiene que explicar porqué en unos casos se aplica de una manera y en otros de otra". Soria recordó que, el pasado 1 de diciembre, el ex ministro de Justicia y candidato del PSC a la presidencia del Gobierno canario, Juan Fernando López Aguilar, "indultó" al alcalde de Carbonera, Cristóbal Fernández, condenado en firme por el Tribunal Supremo "para presentarlo otra vez como candidato de su partido".

En su calidad de presidente del Cabildo de Gran Canaria defendió la legalidad de la tramitación administrativa del expediente urbanístico de 3.600 camas turísticas de Anfi Tauro. Soria afirmó que se informó favorablemente en base a tres informes, el de los servicios jurídicos, del Patronato de Turismo y de Planeamiento Territorial.

Ante la decisión barajada por el Gobierno regional de rebajar el proyecto del empresario imputado Santana Cazorla en unas 2.000 camas, el dirigente del PP cree que es "disparatado" que la oferta alojativa de alta calidad tenga que pasar por los trámites establecidos en la ley de directrices. Esta norma, continuó, es un "absoluto disparate". En los últimos tres años, el número de camas aumentó en 40.000 plazas y, por lo tanto, este objetivo de las directrices es un "fracaso total".

Al presidente del Cabildo de Gran Canaria le parece lógico que los empresarios, que apuestan por la renovación de la planta obsoleta o por proyectos de alta calidad, "se aburran" de las restricciones impuestas en las islas y opten por invertir en otras zonas como Marruecos y Cabo Verde. Defendió la necesidad de "replantearse" las directrices para que este tipo de proyectos "no tengan restricciones y sean alentados por el Gobierno de Canarias".

Para Soria, la alarma empresarial surgida tras la Operación Góndola "no es una sensación nueva" y es válida para el grande como para el pequeño empresario. Puso como ejemplo la detención de 20 taxistas en Telde y la posterior puesta en libertad sin cargos de 16 de ellos. "Mi pregunta es si es necesario llevar este tipo de procedimientos o vale" con una citación judicial porque el daño puede ser "irreparable e irreversible", recalcó.