Se ha detenido al administrador de la empresa de instalación de 'gramolas-hucha', que no contaban con autorización
MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de un centenar de policías han participado en una operación contra la piratería musical en Extremadura en la que han inspeccionado 47 clubes de alterne en menos de 12 horas así como el domicilio del administrador de la empresa de instalación de máquinas tipo 'gramolas-hucha', con las que habría obtenido cerca de un millón de euros. El operativo también se ha dirigido contra las redes de inmigración ilegal, con la detención de 17 mujeres por infracción de la Ley de Extranjería.
La operación, denominada 'Cazar', se inició tras conocerse que muchos de estos establecimientos eran el medio para la reproducción y comunicación pública de música, en formato audio y video, mediante máquinas del tipo 'gramola-hucha' --llamadas 'jukebox'-- que eran instaladas y explotadas sin la autorización de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
El origen de la investigación partió de los datos que se iban obteniendo durante las visitas que, de manera periódica, se hace a los clubs de alterne para realizar controles en materia de Extranjería. Entonces, los agentes centraron su investigación en la empresa 'Automáticos Cazar, S.L.', con domicilio social en Vitoria y con su centro de gestión en la localidad cacereña de Deleitosa.
En ese momento, los policías procedieron a localizar y precitar las máquinas ilegales y a efectuar un control en materia de Extranjería en los locales investigados. En total se inspeccionaron 47 clubes, 29 de ellos en Badajoz y 18 en Cáceres, donde precintaron 11 maquinas junto con otras 14 localizadas en el almacén de la empresa, y que en total suman 150.000 euros.
GANANCIAS DE UN MILLÓN DE EUROS
Según revelaron las pesquisas, cada 'gramola-hucha' tenía reproducidos sin autorización una media de 400 videoclips musicales y 200 canciones, un repertorio que se actualizada mensualmente, por lo que el valor de la defraudación en copias pirateadas podía estar en torno a los 10.000 euros al año por cada equipo instalado ilegalmente. A ello se sumarían las cantidades por licencia de comunicación pública eludidas por cada establecimiento que utilizaba los equipos.
La Policía calcula que los ingresos medios por la explotación ilegal que obtenía el administrador oscilaba entre los 7.000 y los 12.000 euros anuales, por lo que las ganancias de la empresa en los últimos años de actividad ilegal podría aproximarse al millón de euros.
En este sentido, los investigadores aclararon que la empresa que explotaba ilegalmente los equipos de gramola-hucha no contaba con la autorización de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) para la reproducción y comunicación pública del repertorio musical que se almacenaba en cada equipo.
En el dispositivo, formado por agentes de las comisarías de Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida, Almendralejo y Don Benito-Villanueva, ha sido detenido el administrador único de 'Automáticos Cazar, S.L.', la empresa instaladora de estas máquinas, junto con 17 mujeres por infracción a la Ley de Extranjería. Además, se registró el domicilio del detenido junto a un local utilizado para la gestión de la empresa, donde intervinieron diversos recibos y justificantes.
GRAMOLAS-HUCHA
Según explicó la Policía Nacional, la música y videogramas musicales que contienen las "gramolas-hucha" pueden proceder "bien de descargas ilegales de Internet o bien de discos 'master' adquiridos legalmente en el mercado, desde los que, partiendo de ese soporte original, es transformado su contenido en un formato de archivo reconocible por un PC, con el que se podría luego trabajar directamente sobre los videogramas".
Estas máquinas funcionan con monedas y permiten al cliente elegir un video clip o una canción del repertorio cargado en el disco duro, "reproduciendo y comunicando públicamente de esta forma los fonogramas y videogramas sin las autorizaciones de los titulares de los derechos intelectuales al no dar de alta y pagar las cuotas correspondiente la explotación de este negocio, lo que entraría dentro de las conductas castigadas penalmente", indican los investigadores.
La operación ha sido realizada por agentes de las Brigadas y Grupos de Policía Judicial y Extranjería y Fronteras de las distintas plantillas policiales de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, con el apoyo de la AGEDI.
