El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales lleva el miércoles al Congreso sus propuestas sobre transparencia

Fachada De La Puerta De Los Leones
EUROPA PRESS
Actualizado 14/04/2013 13:56:09 CET

Los grupos esperan poder aprobar la ley definitiva antes del verano, nueve meses después de que el Gobierno remitiera el proyecto

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, tendrá la oportunidad este miércoles de avanzar en el Congreso algunas de propuesta sobre transparencia que formarán parte de la estrategia para la regeneración democrática que le encargó el Gobierno el pasado otoño.

Pendás es uno de los cuatros expertos que comparecerán ese día ante la Comisión Constitucional del Congreso que, desde el pasado mes de enero viene recabando la opinión de expertos sobre el proyecto de ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno

Ante el descrédito de la clase política --que ha llegado a convertirse en la segunda preocupación de los españoles según el CIS--, el Ejecutivo solicitó el pasado otoño al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la elaboración de una estrategia de regeneración democrática.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha hecho suyas algunas de las ideas anticorrupción avanzadas por este órgano asesor del Ejecutivo. De hecho, muchas de ellas se integraron en el paquete de medidas sobre esta materia que anunció durante el Debate sobre el estado de la Nación.

Está previsto que el informe completo del centro que dirige Pendás esté listo en mayo o junio, pero la Comisión Constitucional podría conocer ya el miércoles algunas de las iniciativas que recogerá para impulsar la transparencia y el Gobierno 'abierto'.

Además de Pendás, el Congreso ha citado para esa sesión a tres académicos: Antonio Descalzo González, Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III; el catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Juan Alfonso Santamaría y el exdirector de Gobierno Abierto del Gobierno navarro Guzmán Garmendia.

SÍNDIC DE GREUGES, CATEDRÁTICOS, EMPRESARIOS Y SINDICATOS

La semana siguiente, el 24 de abril, comparecerán ante la Comisión Constitucional el Síndic de Greuges catalán, Rafael Ribó; el director de Ideograma, Antoni Gutierrez Rubí; el catedrático de Filosofía Política y Social Daniel Innerarity, director del Instituto de Gobernanza Democrática del País Vasco, y el catedrático de Ciencias Políticas Manuel Villoria.

Y después, aunque formalmente aún no se ha concretado, el plan es llamar el 8 de mayo a los representantes de los agentes sociales. Aunque el proyecto del Gobierno no les contempla como afectados por la ley, tras acordar los grupos su inclusión, consideran pertinente que se pronuncien al respecto.

Tanto Comisiones Obreras (CC.OO) como la Unión General de Trabajadores (UGT) se han dirigido al Congreso pidiendo comparecer. Por el contrario, hasta el momento, ningún representante de la patronal ha solicitado acudir a la comisión, pero los partidos tienen previsto ofrecerles la posibilidad de hacerlo.

ENMIENDAS A MEDIADOS DE MAYO

Una vez finalicen estas comparecencias será cuando se cierre el plazo para registrar las enmiendas parciales, lo que se prevé para el 14 de mayo. A partir ahí se convocará la ponencia para empezar a discutirlas a puerta cerrada y después se debatirán, ya en abierto, en la Comisión Constitucional. En definitiva, el debate sobre las propuestas de los grupos no arrancará hasta finales de mayo, nueve meses después de que el proyecto del Gobierno llegara a la Cámara.

El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis Ayllón, que ya mantuvo un primer encuentro con los ponentes en febrero, se comprometió a volver a reunirse con ellos antes de la presentación de las enmiendas para volver a explorar las posibilidades de acuerdo, dado que el Gobierno quiere que la ley se apruebe con el máximo consenso posible.

Aunque la idea inicial era que el proyecto fuera remitido al Senado en junio, dada la complejidad de la norma los grupos no descartan que tengan que celebrarse varias sesiones de ponencia y comisión e incluso alguno piensa ya en la posibilidad de habilitar el mes de julio para que el Congreso pueda completar su tramitación.