MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado tramitar por "falta de fundamento y absoluta carencia de respaldo legal" el escrito que Manos Limpias remitió al presidente de este órgano, Carlos Dívar, solicitando el cese del vocal de este órgano José Manuel Gómez Benítez por haber sido uno de los negociadores del Gobierno con ETA.
En su escrito, el sindicato recordaba que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha incoado diligencias tras recibir la denuncia que ellos interpusieron contra Javier Moscoso, Jesús Eguiguren y Javier Gómez Benítez, al considerar que dialogar con la organización terrorista constituye un delito de colaboración con banda armada.
A juicio de Manos Limpias, el papel de Gómez Benítez en la negociación queda acreditado en las actas incautadas en Francia al dirigente de ETA Francisco Javier López Peña, 'Thierry'. Según estos documentos, el vocal habría asegurado a los etarras que 'el chivatazo avala al Gobierno' en relación con la delación en el bar Faisar de Irún que evitó la operación contra el aparato de extorsión de la banda.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Grabriela Bravo, ya destacó el pasado miércoles la importante labor que viene desempeñando José Manuel Gómez Benítez frente a las críticas vertidas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que también cuestionó a permanencia de este vocal en el órgano de gobierno de los jueces.
La asociación mayoritaria entre los jueces había denunciado que si los interlocutores del Gobierno consideraron las actuaciones de la Justicia contra ETA como un "obstáculo" y las colocaron al mismo nivel que las "abominables, persistentes y terroríficas conductas delictivas" cometidas por la banda terrorista, deslegitimaron con su comportamiento la actuación de los jueces.
La portavoz insistió por su parte en que lo que debe tenerse en cuenta es, no sólo la gran capacidad de trabajo de Gómez Benítez, sino también su alto nivel de conocimiento jurídico y la responsabilidad y lealtad institucional que ha venido demostrando desde que se constituyó el actual Consejo del Poder Judicial.