MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que realice un careo entre el jefe de la investigación contra el aparato de extorsión de ETA, Carlos G., que también se ocupó del supuesto chivatazo que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), y su superior, José C., que le acusó de tratar de detener las detenciones porque implicaban "riesgos políticos".
DyJ, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha presentado este martes ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 un escrito en el que pide que los dos mandos policiales comparezcan conjuntamente para resolver las "contradicciones" que existen en sus declaraciones en relación a los hechos investigados.
José C., que ocupaba cuando se produjo el chivatazo el puesto de comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) del Cuerpo Nacional de Policía, ratificó ante el juez el informe en el que defendía que el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión etarra "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".
De igual modo, señaló que intentó borrar la conversación en la que el dueño del establecimiento, Joseba Elosua, le reconocía a su yerno, Carmelo Luquin, que había recibido un soplo de la policía, según informaron fuentes de la defensa y de la acusación personadas en la causa.
DyJ también indica que, según José C., el jefe de la investigación "mostró sus reticencias" a llevar a cabo la operación a partir de una llamada del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, al "despacho del juez que se hizo cargo de la instrucción", Fernando Grande-Marlaska. Según su versión, Garzón "vino a mostrar sus reticencias y su negativa para llevar a cabo las detenciones".
Estas declaraciones fueron contradichas por Carlos G., que desmintió el 17 de febrero de 2010 "las afirmaciones contenidas en el informe de su superior jerárquico y manifestó que la operación partió de él" y que "nunca podía estar en desacuerdo" con las detenciones porque él las propuso y se "peleó con el responsable del operativo en Francia por su negativa a detener a Joseba Elosúa y José Antonio Cau Aldanur".
"PÁNICO" A QUE INVESTIGARA LA GUARDIA CIVIL
El jefe de la investigación también defendió que el 4 de mayo de 2006 llevó un informe marco al juez instructor y llamó a su superior jerárquico tras realizar la gestión, manifestándole que a las 13.00 horas estaba en su casa y que todas las comunicaciones con Marlaska fueron "telefónicas". Por su parte, el comisario jefe accidental señaló que cuando llamó a su subordinado a las 11.45 horas, éste le manifestó que aún no había acudido al despacho del juez.
Según DyJ, la contradicción entre ambos funcionarios radica en que Carlos G. aseguró que "iba poniendo en conocimiento" de Grande-Marlaska y de su superior jerárquico "todos los hechos anormales que acaecieron el 4 de mayo", mientras que José C. defendió que toda la información sobre el chivatazo se trasladó el 8 de mayo "a requerimiento del juez instructor".
La asociación también pone estas manifestaciones en relación con las efectuadas por el ex comisario general de Información Telesforo Rubio, quien aseguró que le "extrañó" que el jefe de la investigación comunicara el chivatazo a su departamento y no al juzgado porque, según dijo, "él no podía hacer nada".
Además, según DyJ, el comisario jefe señaló que Carlos G. tuvo "mucho interés" en hacerse con la investigación sobre el chivatazo y no quería que la Guardia Civil investigara los hechos porque, según afirmó ante el juez, le daba "pánico".
IDENTIFICACIÓN DE MÁS AGENTES
De la misma forma, la asociación solicita que se identifique a "la totalidad" de los funcionarios policiales pertenecientes al Área Especial de Seguimiento de la Comisaría General de Información que se encargaron de "dar soporte técnico al equipo de investigación" mientras grababan las dos entradas del bar 'Faisán'.
Según José C., en los días previos al chivatazo, el jefe de la investigación apartó a los funcionarios de la AES que llevaban a cabo estas grabaciones y, según "pudo saber", puso en marcha sus propias "medidas de vigilancia".
La asociación también quiere que el juez Ruz les tome declaración como testigos para que expliquen "cómo estaba montado" el dispositivo de vigilancia sobre el receptor del chivatazo, Joseba Elosúa, si había cámaras en su domicilio, cuántas vigilaban el bar 'Faisán' y sus entradas, y quiénes se encargaban de la custodia de las grabaciones. Asimismo, reclama la fecha de inicio y fin de las funciones de vigilancia por parte de esta Área y los motivos por los que fueron apartados de la investigación.
En la causa están imputados por los delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez) el ex director general de Policía y dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava.