Chivatazo-DyJ recurrirá y espera explicaciones de Rubalcaba por un soplo que fue una "terrible ignominia" a las víctimas

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que condena a dos policías a un año y medio de prisión por el soplo a ETA en el bar Faisán al considerarla insuficiente, y ha advertido de que quedan pendientes las "muchas explicaciones" del ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, el ex secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho y el ex director general de la Policía Victor García Hidalgo.

La asociación entiende que la sentencia de la Audiencia Nacional deja claro que se produjo el chivatazo a la red de extorsión de ETA, aunque echa en falta la inclusión de los "responsables políticos, quienes dieron la orden a los policías de cometer la terrible delación".

Dignidad y Justicia, personadas en la causa como acusación popular, considera que se trata de una "suave" condena por "encubrimiento". "Se queda coja y es insuficientemente justa para el delito que verdaderamente se cometió y nunca debía ni deberá volverse a cometer", ha añadido.

DESPRECIO ABSOLUTO A LAS VÍCTIMAS

En un comunicado, ha destacado que la delación no ha evitado asesinatos posteriores de la organización terrorista, mientras que ha tachado el soplo como una "terrible ignominia" y un "desprecio absoluto" a las víctimas del terrorismo. "Fue el Gobierno de Zapatero el que se puso a disposición de una organización terrorista antes que a disposición de sus víctimas", ha añadido.

Dicho esto, ha indicado que parte del dinero que no se incautó en la operación contra ETA por culpa de la delación "se ha utilizado para asesinar a muchas víctimas". "Los responsables directos del chivatazo evitaron la detención de parte de los dirigentes de GEZI, aparato de finanzas y recaudación de ETA, dinero que se ha utilizado para asesinar a muchas víctimas", ha agregado.

Según recuerda, el chivatazo no evitó dos meses después la detención, pero si favoreció que el dinero que iba a ser intervenido el día del chivatazo, 54.000 euros, fuera a parar a las manos de ETA.

"Cuando leemos la sentencia en la que se les absuelve del delito de colaboración con ETA y que dice que la finalidad del chivatazo fue que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA, nos preguntamos si los magistrados entienden por "entorpecer" el evitar muertes que, precisamente, no se evitaron, ni en 2006, ni en 2007, 2008, 2009 o 2010", ha señalado.

Por ello, ha resumido que este argumento no es sino una "justificación de lo injustificable". "Unos jueces no pueden dictar sentencias que justifiquen las acciones equivocadas de un Gobierno", ha finalizado.