MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
CiU propone que los delitos de detención ilegal no prescriban mientras no se conozca el paradero de la víctima, para evitar que el responsable de la desaparición pueda beneficiarse de esta situación y evitando así "un agravio añadido" para los familiares de la víctima.
Esta es una de las enmiendas que los diez diputados de CiU han presentado esta tarde al anteproyecto de ley de reforma del Código Penal del Gobierno, entre las que también se incluye la sugerencia de incluir como circunstancia agravante de un delito la falta gravemente a la verdad cuando el presunto responsable da "una versión de los hechos que resulte inveraz", cuando esto provoque aumentar "el sufrimiento de las víctimas directas o indirectas" o cause un "grave perjuicio económico a las arcas del Estado".
Aunque en el texto presentado por CiU no se menciona ningún caso concreto, de ser aprobados, estos dos puntos tendrían una concreta aplicación en casos como el de la adolescente sevillana desaparecida Marta del Castillo, cuyas tareas de búsqueda se han visto perjudicadas por los continuos cambios de versiones otorgadas por los supuestos implicados.
Además, aprovechan para instar al Gobierno a que antes del 1 de febrero de 2011 apruebe un Proyecto de Ley Orgánica integral de protección a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, que atienda desde el punto de visto psicológico, patrimonial, social y laboral a las víctimas.
PRISIÓN PARA MULTIRREINCIDENCIA EN FALTAS
Entre el resto de enmiendas presentadas por los nacionalistas catalanes destacan las destinadas a luchar contra los delincuentes multirreincidentes. En concreto, CiU propone que en los casos de comisión de faltas en los que haya "habitualidad" --determinada por el juez-- se establezcan penas de privación de libertad de entre 15 días y tres meses que sustituyan a las multas.
Además, sugiere un incremento de penas para los 'okupas', aunque apunta que podrían quedar exentos de las mismas si desalojan la vivienda en un plazo de 24 horas posterior a que le sea requerido. Con esta medida, los nacionalistas catalanes pretenden agilizar los desalojos voluntarios. No obstante, en caso de violencia, proponen penalizarlo con prisión de un año a dos años.
Mientras tanto, CiU se opone a la pena de prisión para los vendedores de CD piratas cuando el beneficio económico no sobrepase los 400 euros, así como para los autores de delitos contra la seguridad vial cuando no hay víctimas o en caso de delitos por sobrepasar la tasa de alcohol o velocidad.
En vez de multas, para los responsables de estos delitos de tráfico sugieren trabajos en beneficio de la comunidad, que también extienden a los autores de delitos contra el medio ambiente o los derechos de los animales. Para estos últimos casos, proponen la introducción de la asistencia a cursos de formación específicamente dirigidos a la "educación y sensibilización".
Al contrario que otros grupos, CiU no ha presentado ninguna enmienda relativa a la introducción de la libertad vigilada como medida 'post-pena' para determinados delitos. El PP ya ha anunciado su apoyo a la propuesta del Gobierno, mientras que BNG, IU, ICV y ERC quieren que se matice y el PNV la rechaza por completo. Los nacionalistas catalanes todavía no han fijado posición al respecto.
