La Comisión de investigación ve "responsabilidades políticas" en cargos del PNV en el 'caso Epsilon'

Actualizado 09/07/2015 3:12:18 CET

Sin citar nombres, apunta al Consejo de Promoción Económica y al del Parque Tecnológico de Álava

VITORIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos de la oposición han aprobado este jueves el dictamen definitivo de la Comisión del Parlamento vasco que investiga las ayudas concedidas a los proyectos Epsilon e Hiriko, en el que se apunta que cargos y dirigentes institucionales del PNV incurrieron en "responsabilidades políticas" por el "impacto sobre las arcas públicas" que tuvo el fracaso de estos dos proyectos empresariales.

La Comisión ha aprobado el documento con el apoyo de todos los grupos de la oposición y el rechazo del PNV, que ha acusado a EH Bildu, PP y UPyD de "no buscar la verdad, sino su verdad", y ha denunciado que "se ha ocultado intencionadamente información, utilizando la comisión de manera fraudulenta". El dictamen deberá ser ratificado en una sesión parlamentaria ordinaria que se celebrará tras el verano.

Los grupos de la Cámara vasca han debatido, a puerta cerrada, sus aportaciones a la propuesta de dictamen --elaborado por Carmelo Barrio, presidente de la Comisión de investigación, en la que se han analizado los cerca de 60 millones de ayudas y avales públicos concedidos a los proyectos Epsilon e Hiriko, ambos fracasados. Sin embargo, ninguna de las aportaciones ha salido adelante por no contar con la mayoría suficiente, por lo que se ha aprobado la propuesta inicial redactada por el parlamentario 'popular'.

El borrador del dictamen ya apuntaba a la existencia de "irregularidades" en las ayudas públicas concedidas a Epsilon. Sin embargo, a pesar de apreciar de "responsabilidades" políticas en "las personas que formaban parte del Consejo de Promoción Económica que, en su sesión número 11, de 28 de septiembre de 2007" declararon a Epsilon como "proyecto estratégico", no citaba los nombres de los integrantes de este órgano, entre los que figuraban la exconsejera de Industria Ana Agirre, y la actual consejera de Competitividad, Arantza Tapia. Esta última no asistió a la citada sesión y delegó su representación en la primera. El presidente de la Comisión ha defendido, en este caso, que "si alguien votó, 'in situ' o por delegación, tendrá que ser responsable".

EH Bildu y UPyD habían solicitado que se incluyeran nombres y apellidos de los responsables pero su propuesta no ha contado con el respaldo necesario para salir adelante ya que tanto PNV como PSE han votado en contra, postura la de los socialistas que ha sido reprochada por las formaciones proponentes.

Entre las personas que habían identificado estos grupos en el Consejo figuran cargos del PNV como varios exviceconsejeros (Rodrigo García, Iñaki Tellechea, Koro Garmendia, José Ignacio Zudaire, Juan Miguel Bilbao -actual viceconsejero de Hacienda- y Manuel Urquijo -en la actualidad, consejero del consejo de administración de Sprilur); la exdiputada alavesa de Innovación Arantza Zenarrutabeitia, el exdirector de Economía de la Diputación de Álava y actual director de Presupuestos, Hernando Lacalle, la exdiputada vizcaína de Innovación Izaskun Artetxe, el diputado vizcaíno de Hacienda José María Iruarrizaga, el exdiputado guipuzcoano de Innovación Jose Ramón Guridi y el exdirector de Desarrollo Industrial del Gobierno vasco Alejandro López.

El dictamen también considera que hay responsabilidades políticas en las personas que formaban parte del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Álava que en marzo de 2009 expresaron su conformidad con las operaciones "de cesión de rango hipotecario".

La coalición y UPyD pedían que se citara "de forma expresa" nombres como el del exresponsable de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría, imputado en el caso 'De Miguel, así como el propio exdiputado foral alavés Alfredo De Miguel o del concejal del PNV de Vitoria, Iñaki Prusilla, que formaban parte de este consejo en esas fechas.

Respecto a Hiriko --otro fallido que recibió unos 15 millones de fondos públicos-- , se indica que "la dirección de SPRI ha tenido una responsabilidad 'in vigilando'" debido a la inexistencia de "un deber de exigencia de auténticos y coherentes planes de viabilidad" y dice que el Gobierno vasco "careció de visión estratégica, al no haber apreciado los riesgos" que implicaba la concesión de ayudas.

"NO SE VUELVA A PRODUCIR"

El presidente de la Comisión se ha mostrado satisfecho del trabajo realizado, ya que cree que el dictamen aporta "claridad" en este asunto y "pone deberes" a las instituciones para que este tipo de proyectos "fallidos y mal sustentados" no se vuelvan a producir.

Tras subrayar que su formación ha apoyado todas las alegaciones de los grupos - incluidas las que solicitaban que se detallaran los nombres de los integrantes de los consejos a los que se apuntan las responsabilidades--, ha explicado que se han incluido porque cree que las "responsabilidades políticas" están "bien claras" en las personas que formaban parte del Consejo de Promoción Económica en la fecha en la que se adoptó la decisión. "Está perfectamente documentado en las actas de esos dos consejos", ha defendido antes de rechazar dar un listado de nombres.

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha denunciado que ha asistido a una comisión "de inquisición al PNV, de politiquilla de salón" y ha defendido la forma de actuar del Consejo de promoción Económica. En su opinión, durante su labor ha aprobado "cientos de proyectos" de los que "habrá muchos que han fracasado y otros que hayan triunfado" porque "ese es el modelo de I+D".

Telleria también ha valorado el apoyo del PSE al dictamen asegurando que se ha encontrado con un documento que se resultaba "difícil de rechazar" porque tenía "la perversión de atacar a los que gobernaban en 2009 -el PNV- y alabar" al PSE. "Está hecho con sutileza para ganar el voto del PSE, por lo que se ha encontrado con dificultades para rechazarlo porque salía limpio de esto y no les importó que castigaran al otro injustamente y ocultando información", ha zanjado.

"EN LA CALLE Y NO EN EL GOBIERNO"

El parlamentario de EH Bildu Igor López de Munain ha asegurado que la responsabilidad de que los nombres de los responsables no aparezcan en el dictamen es del PSE - por su voto en contra de la petición realizada tanto por la coalición como por UPyD-- y ha emplazado al Gobierno vasco a que haga suyo el Código ético y de buen gobierno que firmaron. "Aplicando este Código, las personas deberían estar en la calle y no en el Gobierno vasco", ha defendido.

Además, ha apuntado que el PNV "una vez más, se queda solo ante toda la oposición que ha visto cómo han existido irregularidades, despilfarro de dinero público y amiguismo".

El parlamentario del PSE Vicente Reyes, por su parte, ha defendido que fue el gobierno de Patxi López quien "destapó este asunto" llevándolo a la Fiscalía y ha asegurado que el papel del PSE ha sido el de "facilitar" la creación de esta Comisión y votar el dictamen "en su integridad". "Gracias a nosotros existen hoy responsabilidades políticas en el caso Epsilon", ha subrayado.

Reyes ha criticado la postura EH Bildu por rechazar las aportaciones de su grupo sobre las patentes de Hiriko. También ha explicado que su formación "no tiene inconveniente" en incluir los nombres concretos al pedir responsabilidades políticas pero ha asegurado que "no es la costumbre del Parlamento" actuar de esta manera porque está "claro" quiénes son los miembros de esos consejos. También cree una "contradicción" la petición de dimisiones por parte de UPyD, porque no lo propuso en sus alegaciones al dictamen.

Por ultimo, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha criticado la actitud "boicoteadora" de PNV y PSE en la Comisión al rechazar ambos que se cite expresamente a personas concretas que el dictamen y ha considerado que la "falta de valentía", que impide recoger "nombres y apellidos" puede apuntar a la existencia de un pacto entre ambas formaciones.

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