SAN SEBASTIÁN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, afirmó hoy que con las reformas legislativas planteadas por la Fiscalía para impedir que Batasuna, o alguna de sus marcas blancas, concurra a las próximas elecciones municipales y forales, llevaría a que si EA le cede sus listas, éstas fueran impugnadas. En todo caso, señaló que será el Gobierno el que, finalmente, decida sobre las citada modificaciones legales.
En declaraciones a los medios en San Sebastián, donde visitó la sede del Centro de Documentación Judicial CENDOJ con motivo del Convenio alcanzado entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado para facilitar el acceso del Ministerio Fiscal al fondo documental de este espacio, Conde Pumpido recordó a la izquierda abertzale que "hay que elegir entre las urnas y las armas" y, por tanto, "tiene que ser consciente de que o ETA abandona las armas o ellos abandonan a ETA".
"Si continuamos en la misma situación no van a tener ninguna posibilidad de acceder al mundo político legalizado", aseveró. El fiscal General del Estado señaló que la "decisión" sobre la posible reforma legal para evitar que quienes no condenen la violencia terrorista gobiernen en las instituciones "corresponde al Gobierno".
En todo caso, explicó que la Fiscalía ha trasladado a éste sus "experiencias" a lo largo de los últimos seis años en los que se han presentado "un buen número de demandas de ilegalización y se han impugnado una serie de candidaturas".
Según indicó, a partir de las mismas se ha podido comprobar, por ejemplo, que "conviene ampliar el plazo de impugnación de las candidaturas incluso durante la campaña electoral", porque, a veces, incluso hasta que no acaba ésta no se conoce la posibilidad de que las listas estén "contaminadas".
Asimismo, indicó que se ha comprobado que "es necesario prever la impugnación de candidaturas individuales de partidos legales" con una "mejor cobertura legal" y "prevé que los candidatos elegidos y que después se comprueba la ilegalización de sus partidos si no se apartan de los mismos deban perder el cargo que ocupan".
"Estas experiencias obtenidas se han trasladado al Gobierno para que haga las reformas que estime precisas pero es él quien debe llevarlas a cabo, nosotros sólo aportamos criterios técnicos", insistió.
POSIBILIDADES
Preguntado sobre si las reformas legales afectarían sólo a aquellas personas que no condenen la violencia o a todo el partido al que pertenecen, puntualizó que "hay dos posibilidades", por un lado "está la Ley de Régimen local que significa la disolución del Ayuntamiento y hasta ahora no se ha hecho uso de esa posibilidad" y, por otro lado, otra que "afectaría de manera individualizada a los candidatos que no se apartasen del partido ilegalizado".
"Si se presentan candidaturas individuales con personas vinculadas fraudulentamente a partidos ilegalizados se podrían impugnar las mismas", es decir, la impugnación "afectaría al conjunto de la lista", pero dependiendo de "la decisión final que adopte el legislador".
"La decisión final corresponde al legislador y no se puede anticipar, eso está siendo estudiado por el Consejo de Ministros", apuntó, para, a continuación, insistir que "es un trabajo técnico en el que la Fiscalía ha aportado criterios técnicos pero la decisión es del Gobierno".
Conde Pumpido indicó que lo que la Fiscalía valora son reformas legislativas para eliminar los "resquicios en cualquier previsión legal" y recordó que cuentan con la legitimación del Tribunal de Estrasburgo para "seguir en la misma línea" que hasta ahora. Preguntado sobre qué mecanismos se establecerían para determinar si un cargo público condena o no la violencia se limitó a señalar que no puede "anticipar nada" porque "la decisión corresponde al Consejo de Ministros, tiene que pasar por un proceso legislativo".
Además, insistió en que se "está intentando buscar una solución para evitar la continuidad de personas vinculadas a partidos ilegalizados que siguen desarrollando funciones de Gobierno al frente de Ayuntamientos" porque "resulta un fraude que si una candidatura es elegida y con posterioridad el partido ilegalizado por quedar demostrada su vinculación con una organización terrorista que estén al frente de una institución democrática, esto es lo que tratará de evitarse pero respetando los derechos constitucionales y el derecho de participación".
