JAEN, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo Penal número dos de Jaén ha condenado al empresario José Luis Martín Berrocal a una pena de dos años y medio de prisión por un delito de falsedad en documento público y otro contra la Hacienda Pública.
Según informaron a Europa Press fuentes de la defensa, el magistrado ha impuesto también al conocido empresario el pago de una multa de 600.000 euros. No obstante, estas mismas fuentes adelantaron que van a recurrir este fallo emitido en primera instancia ante la Audiencia Provincial de Jaén.
Durante el juicio, que se celebró el pasado 29 de noviembre, Martín Berrocal, acusado de cobrar de forma ilegal más de 381.000 euros en concepto de subvenciones a la producción de aceite de oliva, aseguró que desconocía que hubiese "irregularidades" en los documentos que firmaba y que se fiaba de quienes se los entregaban.
Asimismo, reconoció que fue administrador único de cuatro sociedades relacionadas con la producción de aceite de oliva y aseveró que lo primero que hizo cuando le notificaron las supuestas irregularidades en la percepción de dicha subvención fue devolver esa cantidad.
Uno de los testigos, inspector de la Agencia Andaluza del Aceite de Oliva, subrayó que las supuestas irregularidades se detectaron cuando "una de las sociedades no pudo justificar, durante la inspección realizada después de que se hubiera concedido la subvención, que el orujo declarado para obtener dicha ayuda coincidiese con la cantidad real de orujo".
Sin embargo, otros funcionarios declararon que su participación se limitaba a la campaña 1994 y 1995 y no a la de 1996/1997, cuando el acusado ostentaba el cargo de representante legal de varias empresas agrícolas ubicadas en distintas localidades de la provincia jiennense.
Por todo ello, el letrado de la defensa solicitó la libre absolución del acusado ya que, según apuntó, "desconocía las irregularidades de los documentos que le remitían porque tenía plena confianza en sus colaboradores".
Por su parte, el ministerio fiscal mantuvo la solicitud de una pena de cuatro años de internamiento penitenciario por un delito de falsedad en documento público y otro contra la Hacienda Pública y el pago de una multa de 600.000 euros porque "queda demostrado que el acusado actuaba como administrador único" y que las supuestas irregularidades en las cuatro sociedades comenzaron cuando este las adquirió hacia 1993.
Los hechos se remontan al año de 1996, cuando el acusado ostentaba el cargo de representante legal de varias empresas agrícolas ubicadas en distintas localidades de la provincia jiennense. A través de estas sociedades, supuestamente expidió cuatro certificados falsos de molturación de aceituna con el fin de percibir la correspondiente subvención, según el escrito provisional del ministerio fiscal.
