Conferencia de ministros de Justicia iberoamericanos acuerda mecanismos de cooperación sobre el Covid-19

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una foto de archivo.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una foto de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Publicado: miércoles, 22 abril 2020 21:26

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) ha acordado en su reunión de este miércoles establecer un mecanismo de trabajo y de cooperación frente a la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus.

En concreto, se centrará en el abordaje de materias comunes como el acceso a la Justicia y servicios a la población, sistema penitenciario, violencia de género, nuevas tecnologías y cooperación jurídica internacional, ámbito que liderará España, y cuyos avances se revisarán periódicamente.

Así lo han trasladado durante la reunión telemática convocada para impulsar un espacio común de diálogo, cooperación y coordinación frente a los desafíos de la crisis causada por el Covid-19 y en la que el secretario General de la COMJIB, Enrique Gil Botero, ha dado cuenta del estado de avance del Tratado de Medellín, un acuerdo pionero sobre la trasmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales.

Durante la reunión, el ministro español, Juan Carlos Campo, ha trasladado a sus homólogos iberoamericanos las medidas puestas en marcha en España para garantizar la prestación de los servicios esenciales en la Administración de Justicia y proteger la salud laboral de los operadores jurídicos.

Así, ha explicado el plan del Ministerio para el regreso progresivo del personal de Justicia a la normalidad laboral que se producirá cuando lo autoricen las autoridades sanitarias y ha detallado las principales medidas puestas en marcha desde que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma.

Según ha destacado, el estado de alarma en ningún caso "suspende el Estado de Derecho" y supuso, con carácter general, la suspensión de los plazos procesales y el establecimiento de servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva. También ha señalado, en materia tecnológica, el esfuerzo por articular herramientas de comunicación digital y que se ha facilitado el teletrabajo a jueces, fiscales y otros operadores del sistema.

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