El Congreso admite a trámite la ley antiokupas del PP gracias a la abstención de PNV y Junts

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La proposición de ley del PP contra la ocupación ilegal de inmuebles, en la que propone desalojos en 24 horas, más penas y el veto al empadronamiento de okupas, ha superado este martes su primera votación en el Pleno del Congreso gracias al apoyo de Vox, UPN y CC y la abstención de Junts y PNV.

Tanto el PSOE y Sumar, los partidos del Gobierno de coalición, como sus socios parlamentarios de la izquierda han votado en contra acusando a los 'populares' de magnificar el problema y legislar en favor de bancos, fondos buitre y grandes tenedores.

A partir de ahora se abrirá un plazo de enmiendas, y ahí es donde el PSOE y Sumar, que cuentan con mayoría en la Mesa del Congreso, suelen frenar a base de prórrogas la tramitación de iniciativas legislativas que rechazan. De hecho, el Senado ya envió al Congreso una ley similar del PP y lleva varios años en un cajón.

HACE UNAS SEMANAS TAMBIÉN ADMITIÓ LA LEY DE VIVIENDA DEL PP

El Pleno del Congreso también admitió a trámite hace unas semanas en contra de los partidos del Gobierno la ley de vivienda del PP, igualmente gracias a que PNV y Junts no se opusieron, pero está esperando que se acaben los plazos de enmiendas para seguir su curso.

Durante la defensa de la proposición de ley, el diputado Sergio Sayas ha señalado que la okupación ha crecido "de manera exponencial" en España y que el Gobierno "se está poniendo del lado de los delincuentes". Así ha indicado que hay 79.000 viviendas ocupadas y 21.000 'inquiocupadas', por lo que ha defendido aumentar las penas también para "las mafias que los organizan y que los alientan", impedir el empadronamiento y evitar que las víctimas tengan que seguir pagando el agua, la luz y el gas de los usurpadores.

Desde la izquierda, el diputado socialista Raúl Díaz Martín considera que la ley sirve para proteger "al gran especulador" y no al pequeño propietario, y ha reprochado que eliminen el delito de coacciones para fondos buitre que corten suministros y suban la pena a inquilinos que no pueden pagar. Un argumento similar a los grupos de ERC, Bildu, BNG y Compromís.

Pero la diputada más dura contra la proposición del PP ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha asegurado que está "escrita al dedillo" al servicio de bancos y fondos buitre. Por ello, ha defendido que, si una familia no tiene dónde ponerse a cubierto, "hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y hay que meterse dentro".

Mientras tanto, el diputado del PNV Mikel Legarda ha señalado que la usurpación de viviendas un problema grave para propietarios y, en ocasiones, vecinos de la finca, pero ha advertido de que no puede abordarse desatendiendo posibles situaciones de vulnerabilidad ni con acusaciones "disparatadas".

Desde Junts, Marta Madrenas ha afirmado que su formación no negará nunca la realidad que viven "muchos" ciudadanos, barrios y comunidades de vecinos, ni participará en el relato que presenta cualquier preocupación sobre las ocupaciones como "una obsesión ideológica".

Y la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha reconocido el problema de la ocupación ilegal existe y que "no se puede seguir mirar a otro lado".

IMPORTANTES CAMBIOS EN MATERIA PENAL

La proposición de ley del PP no sólo plantea agilizar los desalojos en menos de 24 horas, impedir el empadronamiento de okupas y poder cortales los suministros. Busca separar los conceptos de morada de las situaciones de ocupación ilegal para impedir que el usurpador no goce de esa protección frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes.

En el plano penal, la iniciativa reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, una vez iniciado un procedimiento por ocupación ilegal, el juez pueda ordenar a la Policía Judicial que requiera a los ocupantes para desalojar voluntariamente en un plazo máximo de 24 horas o acreditar un título jurídico legítimo. Si no lo hacen, el juez ordenará el desalojo inmediato, con comunicación a los servicios sociales cuando haya menores o personas vulnerables afectadas.

También prevé penas de prisión de uno a tres años para la ocupación con violencia o intimidación y sanciones agravadas si la ocupación dura más de quince días o intervienen grupos organizados.

En el ámbito civil, permite que personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras legítimas pidan la recuperación inmediata de la vivienda si han sido privadas de ella sin consentimiento.

La norma amplía asimismo las vías de actuación para propietarios y comunidades de vecinos. Así, ante el riesgo de ocupación de una vivienda o local vacío, el presidente de la comunidad podrá poner en conocimiento del propietario la posibilidad de adoptar medidas preventivas como tapiar, cerrar puertas o ventanas o instalar sistemas antiocupación.

La proposición incorpora asimismo una disposición final para que, en el plazo de dos meses desde la aprobación de la ley, el Gobierno modifique la legislación tributaria con el fin de reconocer a los legítimos propietarios, una vez haya resolución judicial firme declarando la ocupación ilegal, la devolución de las cantidades abonadas por IBI e Impuesto sobre el Patrimonio durante el periodo de ocupación.