La defensa sostiene que la Eurocámara debió darle amparo antes de que Llarena reactivara la euroorden
BRUSELAS, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) celebrará este viernes la vista sobre el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín contra los suplicatorios aprobados por la Eurocámara para que puedan ser juzgados en España por la causa del 'procés'; una cita durante la que sus abogados alegarán la derogación del delito de sedición para reforzar su tesis de la persecución política y reivindicar su inmunidad como europarlamentario.
Este es el asunto clave por el que la Justicia belga mantiene en suspenso la tramitación de las Órdenes de Detención y Entrega Europeas (OEDE) que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivó en octubre de 2019, a la espera de conocer la posición del Tribunal con sede en Luxemburgo sobre el alcance de las inmunidades de los tres políticos independentistas.
Ante la Sala Sexta del Tribunal europeo, formado por cinco jueces, las partes expondrán sus argumentos a partir de las 9:00 horas en una vista que se prevé larga y tras la cual no se conocerá la fecha de la sentencia, aunque se espera para el primer trimestre de 2023 y podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.
En marzo de 2021, la Eurocámara aprobó los suplicatorios al considerar que los hechos por los que Puigdemont y Comín están reclamados por delitos de sedición y malversación y, en el caso de Ponsatí, solo por sedición, son anteriores a que ocuparan su escaño, por lo que no guardan relación alguna con su actividad como eurodiputados.
La defensa recurrió al estimar que el Parlamento Europeo había dejado sin respuesta una serie de cuestiones que abren la puerta a que el suplicatorio pueda ser revocado, identificando hasta 14 puntos afectados por este silencio parlamentario, por ejemplo que el delito de sedición no esté tipificado como delito en todos los países de la UE.
LAS "CONTRADICCIONES" DE ESPAÑA
Fuentes de la defensa del ex president avanzan que, para reforzar esta tesis, alegarán que en España ya existe una proposición de ley de los grupos parlamentarios que forman el Gobierno para derogar la sedición.
En la misma línea, apuntan que se mencionará igualmente que el Gobierno se ha mostrado abierto a reformar también el delito de malversación, aunque para ello no haya todavía una propuesta concreta.
En este nuevo contexto, cobra especial importancia el alegato de persecución política que hacen los tres líderes independentistas, porque la defensa esgrimirá que los vaivenes de España --reclamar primero por rebelión, luego por sedición y ahora eliminar dicho delito-- refuerzan la tesis de que se les estaría cercando por motivaciones políticas.
AMPARO ANTES DEL SUPLICATORIO
En un caso distinto cuya vista se celebró este jueves también en Luxemburgo, uno de los abogados de Puigdemont y Comín, Gonzalo Boye, ha defendido que el entonces presidente de la Eurocámara, el socialista italiano David Sassoli, debió haber tramitado la petición de amparo que 38 eurodiputados presentaron el 10 de octubre de 2019 en nombre del expresidente catalán y su exconseller; y con ello hubiera frenado la reactivación de las euroórdenes cuatro días después.
Este argumento ha sido rebatido por el abogado del Parlamento Europeo, Niklas Grlitz, y por la Abogada del Estado Andrea Gavela Llopis, que representa al Reino de España en tanto que interviniente junto a la Eurocámara, pidiendo ambos la inadmisibilidad del recurso.
Boye ha alegado que se trató de una decisión "ilícita" del presidente de la Eurocámara porque debió cursar la petición a la comisión parlamentaria competente y, sin embargo, optó por responder a los eurodiputados que rechazaba la petición.
La Eurocámara replica a este punto que Sassoli informó a la eurodiputada de ERC Diana Riba, que promovió la petición de amparo, que la petición no se ajustaba a los procedimientos y le ofreció la información necesaria para que pudiera modificarla para tramitarla de nuevo, algo que la interesada no hizo.
También subraya Grlitz en sus alegatos que las cartas con las que Sassoli informó a Riba, por un lado, y a Riba y otros 37 eurodiputadas, por otro, no tienen "ningún efecto jurídico vinculante" para las autoridades nacionales; al tiempo que expone que la cuestión ya no tiene "interés jurídico" dado que en enero de 2020 Puigdemont y Comín fueron reconocidos como eurodiputados y pudieron ocupar sus respectivos escaños.
