La presidenta del Congreso, Francina Armengol - Alberto Ortega - Europa Press
MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha dado este jueves el primer paso para reformar el Reglamento de la Cámara con el fin de que se pueda suspender temporalmente y multar con hasta 2.000 euros a aquellos diputados que alteren el orden en el hemiciclo y que sean expulsados de una sesión parlamentaria. La toma en considera de la iniciativa ha contado con el voto contrario del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el apoyo del resto de grupos.
Esta reforma, impulsada por el PSOE, tiene su origen en el incidente protagonizado hace varias semanas por el diputado de Vox José María Sánchez García, que acabó expulsado del Pleno tras subir dos veces a la zona reservada a la Presidencia y encararse, primero con una letrada, y después con el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que entonces presidía la sesión.
La socialista Rafaela Romero ha defendido que "la democracia no puede permanecer impasible" cuando determinadas conductas "pretenden sustituir el debate por la intimidación, el respeto por el hostigamiento, la palabra por la agresión". "La inmunidad parlamentaria no puede confundirse con la impunidad parlamentaria porque la firmeza política no puede convertirse en intimidación y porque el pluralismo político no puede transformarse nunca en una degradación deliberada de las reglas comunes", ha abundado.
Han sido varios los grupos que han destacado que los comportamientos inadecuados de determinados diputados no pueden interpretarse como actos "individuales" porque suelen formar parte de una estrategia premeditada impulsada por sus respectivos partidos. Por eso, ERC ha pedido extender las sanciones a la dirección de los grupos parlamentarios de quienes las practiquen.
AVISO A NAVEGANTES
Y también se han escuchado varias advertencias sobre el riesgo de que este tipo de medidas se conviertan en un "bumerán" que el PP y Vox acaben aplicando contra el resto de grupos en el futuro. Así lo han dicho, Néstor Rego, del BNG, y Pilar Vallugera, de Esquerra Republicana.
"Es un mal negocio dejarles el trabajo hecho", ha advertido Rego, recalcando que cree que el Reglamento ya incluye mecanismos para hacer frente a las "amenazas o insultos" sin necesidad de "restringir las intervenciones en la tribuna". De su lado, Vallugera ha recordado que siempre que se restringen derechos la norma "acaba perjudicando a las minorías disidentes" del Congreso y ha pedido "cautela" durante la tramitación.
El PNV también ha apoyado la toma en consideración del texto, para dar una respuesta adecuada a lo que considera "comportamientos inaceptables". Eso sí, Mikel Legarda ha avanzado algunas enmiendas, como que se considere "sujeto pasivo de la intimidación cualquier diputado o diputada de la Cámara", no sólo los miembros de las Mesas, y se que puedan matizar las sanciones previstas o plantear otras nuevas.
QUE LEAN "EL FLORIDO PENSIL"
"Que se haya de reformar el Reglamento para preservar el buen funcionamiento de esta Cámara y el respeto institucional y las buenas prácticas parlamentarias, ya nos dice en qué se ha convertido la política", ha comentado, por su parte, el diputado de Junts Josep María Cervera.
Desde Sumar, Francisco Sierra también ha censurado la "estrategia de restauración contra la democracia" de quienes "han asumido el trumpismo", en referencia a Vox. "Si van a seguir militando en la indigencia moral e intelectual, quizá debamos reformar una vez más si hace falta de nuevo el Reglamento y obligar a algunos diputados a tomar un curso de urbanidad y buenas costumbres o leer 'El florido pensil'", ha soltado Sierra, quien ha añadido que "la teología política de la imbecilidad no se sostiene en el tiempo".
En contra de la tramitación de esta iniciativa se han manifestado tanto el PP como Vox. La vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, la 'popular' Marta González, ha destacado que el Reglamento de la Cámara ya dispone de un régimen disciplinario que, hasta la fecha, ha sido "suficiente" para garantizar el respeto institucional, para apuntar que su grupo no puede respaldar una reforma que pretende disimular "el fracaso institucional" de la actual presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.
EL ESTRADO "NO ES UN ALTAR"
De hecho, ha recordado que los doce presidentes anteriores preservaron el orden y la dignidad de la Cámara y nunca se consideró necesario reformar estos preceptos reglamentarios "porque la autoridad presidencial actuaba como elemento disuasorio y permitía corregir los excesos en tiempo real". Sin embargo, ha denunciado que en la actualidad esa función moderadora "ha perdido su efectividad". "Se observa una muy preocupante dejación de funciones", ha llegado a decir.
Por Vox ha tomado la palabra el diputado José María Sánchez, cuyo rifirrafe con la Presidencia del Congreso apresuró al PSOE a presentar esta reforma reglamentaria. Sánchez ha dedicado el grueso de su intervención a argumentar que ni amedrentó ni ejerció ninguna violencia contra la Presidencia ni contra la letrada, sino que se acercó a ambos para denunciar que un diputado de ERC le estaba insultando gravemente y que debía ser llamado al orden.
Y ha recalcado que es "falso" que los estrados sean un espacio reservado entre otras cosas porque "no hay ningún artículo que lo prohíba" y, por tanto, no puede ser objeto de infracción subir a la zona donde se ubica la Presidencia. "Esto no es un altar", ha enfatizado Sánchez, quien ha acusado al PSOE de utilizar este episodio "menor" para "avasallarle", una actitud, ha dicho, "propia del totalitarismo democrático" que, a su juicio, "les caracteriza".
MEDIA DOCENA DE REFORMAS REGLAMENTARIAS
En concreto, la propuesta del PSOE, recogida por Europa Press, busca modificar el artículo 101 del reglamento para introducir una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado, aplicable cuando "con su conducta, de obra o de palabra, ejerciera en el recinto parlamentario, violencia o intimidación grave sobre la Presidencia o la Mesa, ya sea de la Cámara o de cualquier comisión, o sobre el cuerpo de letrados o ujieres que asiste a las mismas, ya sea en el transcurso de una sesión o fuera de ella".
Además, plantea ampliar el artículo 104, que prevé la expulsión del hemiciclo de los diputados, para añadir una sanción económica a quienes acaben expulsados tras las preceptivas tres llamadas al orden, una multa que va de 1.000 a 2.000 euros, en función de la resistencia mostrada a acatar los requerimientos de la Presidencia.
Hasta ahora cuando algún miembro de la Cámara es expulsado tras tres llamadas al orden, puede ser castigado, si así lo decide quien ocupa la Presidencia, con no asistir al resto de la sesión pero, con la reforma que plantea el PSOE esa medida conllevaría a su vez una multa de 1.000 euros. Y si los apercibidos se niegan a abandonar el salón de sesiones, el posible castigo de prohibir su asistencia a la siguiente sesión, irá aparejado a una sanción de 2.000 euros.
La iniciativa del PSOE se acumula a una lista de media docena de reformas reglamentarias que están presentadas o en tramitación en la Cámara baja. Una de ellas, también del Grupo Socialista, ya incluye sanciones para diputados que incumplieran el código ético. Lo que sí se ha aprobado y ya está en vigor es el régimen sancionador para periodistas acreditados en el Congreso.