El Congreso debate una reforma de Vox para que prófugos como Puigdemont no puedan ser candidatos

Archivo - Antoni Comin, Carles Puigdemont Y Clara Ponsati.
Archivo - Antoni Comin, Carles Puigdemont Y Clara Ponsati. - Jan Van De Vel/European Parliame / DPA - Archivo
Publicado: lunes, 13 febrero 2023 16:22

Los de Abascal también someterán a votación una iniciativa para que sea delito convocar referendos ilegales

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso decidirá este martes si tramita una propuesta de Vox para reformar la Ley Electoral con el objetivo de impedir que prófugos de la Justicia como el expresidente catalán Carles Puigdemont puedan presentarse a las elecciones.

Los de Santiago Abascal registraron esta proposición de ley el pasado mes de noviembre y han decidido someterla a votación en el primer pleno de este año en el que han tenido oportunidad.

El debate tendrá lugar después de que este mismo lunes el Tribunal Supremo haya decidido mantener la pena de inhabilitación al presidente de Esquerra (ERC), Oriol Junqueras, de tal forma que no podrá aspirar a ningún cargo público antes de 2031. Ha sido en un auto dictado como consecuencia de la entrada en vigor de la ley que suprime el delito de sedición y rebaja las penas por malversación.

En concreto, la iniciativa que Vox lleva el martes al Congreso, recogida por Europa Press, persigue modificar el apartado 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para ampliar las causas de inegibilidad.

Actualmente la ley establece que no pueden concurrir a las elecciones los condenados por sentencia firme a pena de cárcel durante el periodo que dure la pena y quienes hayan sido condenados --aunque la sentencia aún no sea firme-- por delitos de "rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público".

UN DELITO QUE YA NO EXISTE

Pero los de Santiago Abascal quieren retocar ese precepto para quitar la mención al delito de rebelión, sustituyéndolo por el de "sedición", aquel por el que fueron condenados los líderes del 'procés' y que fue suprimido del Código Penal con la reforma aprobada el pasado mes de diciembre. Asimismo, proponen eliminar la mención al delito contra las instituciones del Estado para poner "contra la Constitución".

Y también quieren cerrar el paso en las listas electorales a quienes tengan "vigente una orden de detención y entrega para su puesta a disposición de jueces y tribunales españoles, dictada por autoridad judicial española, por su responsabilidad en la comisión de delitos contra la Constitución o de sedición".

E INSISTEN CON LAS ILEGALIZACIONES

Por otra parte, en la misma sesión plenaria Vox someterá a votación una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a preguntar a los españoles en referéndum si quieren la ilegalización de partidos separatistas y de "aquellos otros que sean contrarios a la existencia misma de España". El Pleno del Congreso ya rechazó el pasado jueves una iniciativa similar del mismo partido.

Esta formación también quiere que el Ejecutivo consulte a la ciudadanía sobre "cuestiones con especial trascendencia para adecuar la política del Gobierno a los verdaderos intereses de la Nación" y, a la vez, plantea recuperar la tipificación en Código Penal de los delitos relativos a la convocatoria y celebración de referendos".

Este tipo penal fue impulsado por el Gobierno del 'popular' José María Aznar en 2003, tras el conocido como 'Plan Ibarretxe', y se introdujo vía enmienda en el Senado en una ley que no tenía nada que ver, lo que fue censurado después por el Tribunal Constitucional. Dos años después fue eliminado a instancias de Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y ya no se retomó, tampoco cuando el PP de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta.

Vox ya defendió recuperar este delito en una moción votada la semana pasada en el Pleno del Congreso y encontró el apoyo de PP y Ciudadanos pero fue rechazado por los partidos del Gobierno y sus aliados.