El Congreso dispone de dos meses para decidir sobre el suplicatorio de Laura Borràs

La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borrs, en el pleno del Congreso
La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borrs, en el pleno del Congreso - Pool
Publicado: lunes, 25 mayo 2020 16:44

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso dispondrá de poco más de dos meses para decidir sobre el suplicatorio de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borrs, que ya ha sido solicitado por el Tribunal Supremo. Lo habitual es que la Cámara conceda la petición del Poder Judicial y de hecho el último que se denegó data de 1988.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha remitido este lunes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la comunicación cursada por la Sala de lo Penal de este órgano que eleva suplicatorio en relación con la diputada independentista "al objeto de que se le dé el trámite que corresponda en esa Cámara". Se pide permiso para investigarla por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administracion, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

TODO EL TRÁMITE PARLAMENTARIO, A PUERTA CERRADA

El primer paso es la recepción oficial del suplicatorio por la Mesa del Congreso, un trámite formal que podría suntanciarse este mismo martes. A partir de ahí, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.

Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia a la diputada independentista, bien sea en persona o por escrito, para que pueda presentar sus alegaciones en el plazo de diez días. Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tanpoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

31 SUPLICATORIOS CONCEDIDOS

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 31 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

El último que salió adelante --el 22 de noviembre de 2016-- fue el del portavoz de la antigua Convergncia, Francesc Homs, investigado por el Supremo por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia. En aquella ocasión el suplicatorio se aprobó con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos mientras que Unidos Podemos y los nacionalistas votaron en contra.

En las legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

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