MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley que pide al Gobierno que apruebe un régimen sancionador que haga efectivo el cumplimiento del acuerdo lácteo firmado el pasado mes de septiembre, en aras a conseguir un precio sostenible en cada eslabón de la cadena.
La diputada lucense Margarita Pérez Herráiz ha defendido en sede parlamentaria su iniciativa, que responde a que --según datos de la Xunta-- todavía un 4,4% de los 9.000 ganaderos gallegos "cobran menos de 20 céntimos por litro", lo que los sitúa "por debajo de los costes de producción".
Por eso, la iniciativa --que ha salido adelante con los votos de socialistas, Podemos, Ciudadanos, Compromís, ERC, DL y CC y la abstención de PP y PNV--, reclama que se publique un nuevo contrato tipo para "poder establecer baremos en cuanto a calidades iguales para todas las industrias".
También reclama que se cree "la figura obligatoria del mediador", para resolver las disputas cuando ganadero e industria no lleguen a un acuerdo en la negociación y exige que se publique el precio al que se compra la leche, tanto por parte de la industria como de la distribución.
REDUCCIÓN DE LA BUROCRACIA
Además, reclama acometer una simplificación y una reducción de las cargas administrativas y la burocracia asociada al sector, en coordinación con las comunidades autónomas, para "facilitar al profesional ganadero el acceso a las ayudas oficiales sin necesidad de recurrir a una asesoría externa".
Y pide "Programas de Protección de Márgenes", un apoyo a las explotaciones ganaderas familias que cumplan un papel económico y de mantenimiento de la población rural y fomental las agrupaciones ganaderas.
La iniciativa aprobada también reclama al Gobierno una grarantía de la trazabilidad del producto lácteo desde origen hasta el consumidor final y garantizar el control efectivo de la leche que se importe de terceros países, estableciendo controles específicos de califidad y fotosanitarios.
Además, reclama la creación de un observatorio de precios por territorios y que se bonifiquen las buenas prácticas de la industria que fomenten la sostenibilidad del sector, creando un código de buenas prácticas entre productores, distribución e industria.
