Pide más colaboración entre los sectores público y privado para "romper el monopolio" en ámbitos como la educación o la seguridad
MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ponencia económica que, bajo el título 'Ideas para la Acción', debatirán los 2.500 compromisarios del PP durante el próximo congreso de los días 19 y 20 de septiembre, propondrá que se estudie la aplicación de una medida para que los empresarios que quieran radicar sus negocios en la Comunidad de Madrid puedan acogerse a la normativa regional que le resulte más favorable a la hora de realizar sus trámites administrativos, aunque sea de otra Comunidad Autónoma.
El objetivo fundamental de la llamada 'Cláusula de normativa autonómica más favorable' es "fomentar la eficiencia de la economía mediante la simplificación administrativa e impulsar la cohesión del mercado interior español que, a su vez, contribuirá de forma decisiva a la cohesión política, económica y social del país", según explicó una de las redactoras del texto y presidenta de Avalmadrid, Eva Piera.
"Nos preocupaba la quiebra de la unidad del mercado interior en España por el desarrollo de distintas normativas en las diferentes administraciones, que constituyen barreras para que las empresas puedan desarrollar libremente su actividad económica", explicó la dirigente popular.
Así, cada vez que una empresa quiere abrir actividades económicas en otra región le piden documentos y trámites administrativos que ya ha superado anteriormente, causando grandes costes transaccionales y un menor aprovechamiento de la economía.
Con esta cláusula, que los populares están "seguros" que se extenderá a otras comunidades autónomas una vez se empiece a aplicar en Madrid, se permitirá a los empresarios aprovechar mejor las oportunidades de negocio. Eso sí, sólo se podrá aplicar a trámites administrativos como la concesión de licencias o los registros, pero no a ventajas fiscales.
Este reconocimiento de otras legislaciones autonómicas sería "unilateral" y se aplicaría tan sólo al mercado de bienes y servicios. Además, sería necesario complementar esta medida con "una acción armonizadora del Estado, que tiene que asegurar la unidad del mercado".
Desde el Partido Popular se asegura que esta cláusula no llevará a "una guerra entre comunidades para ver quién consigue más empresas", porque se trata tan sólo de "eliminar barreras" de una forma similar a como se ha construido el mercado único europeo, según otro de los ponentes, el alcalde de Tres Cantos, José Folgado, para quien lo fundamental es que con esta iniciativa se abrirá "un tema fenomenal de discusión".
ACABAR CON LOS MONOPOLIOS
La otra medida económica de calado que se someterá a discusión en el cónclave popular será la idea de "romper los monopolios que existen hoy en día en el sector público, y cuya productividad es sensiblemente menor que la del sector privado, un 30 por ciento concretamente", indicó Piera.
Así, la oferta de servicios públicos como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la seguridad, tradicionalmente en manos del Estado, han "demostrado ser un lastre para la productividad global de la economía", por lo que la ponencia propone "estudiar fórmulas de colaboración con el sector privado para prestar nuevos servicios en los que aporten su mayor especialización, su eficiencia y la calidad de los servicios público, aumentando la eficiencia actual", explicó la presidenta de Avalmadrid.
En cualquier caso, los populares no cuestionan que "corresponde a la Administración la obligación de garantizar la prestación de estos servicios", pero proponen "abrir paso a una gestión más eficiente de los mismos por parte de la empresa privada", liberalizando determinados sectores para "atraer a empresas privadas y operadores especializados que inviertan en la región".
MODELO EFICAZ
Estas medidas tienen en común la "búsqueda de un marco estable para generar un clima de confianza a los agentes económicos, promoviendo una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos, y buscando el diálogo con los agentes sociales y con todas las instituciones para impulsar medidas generales y sectoriales que mejoren la competitividad", explicó Piera.
Para los populares, dicho marco es el "modelo liberal aplicado en España entre 1996 y 2004, que es el mismo que se ha llevado a cabo en la Comunidad de Madrid y se ha demostrado eficaz".
Así, además de las medidas ya mencionadas, la ponencia económica apuesta por avanzar en la liberalización de los mercados en la dirección de la Directiva Europea de Servicios de libre establecimiento de los prestadores de servicios y libre circulación de los mismos. Un ejemplo sería la Ley de Modernización del Comercio.
Asimismo, pide reforzar el papel de los organismos reguladores y de sus miembros, así como su independencia, para que "se apliquen bien las normas y se defienda la competencia y la transparencia de los mercados", apostilló Piera.
En cuanto a las medidas de política fiscal, los populares madrileños piden reformar "el sistema impositivo para que sea más solidario, moderno y armonizado con los países del entorno". "En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha hecho un gran esfuerzo para rebajar de manera selectiva algunos impuestos, lo que ha dado más dinamismo a la economía, por lo que instamos al Gobierno nacional que haga algo similar para mitigar los efectos de la crisis", dijo Piera.
El texto también trata la vigente revisión del modelo de financiación autonómica, y pide que "se alcance un consenso, y que la nueva fórmula sea transparente y ecuánime, que tenga en cuenta los principios de suficiencia financiera, autonomía, igualdad, no discriminación y solidaridad, y que se refleje el aumento de la población, así como el coste real de aplicar la Ley de Dependencia". "Esperamos que el Gobierno socialista no haga una interpretación de los estatutos de autonomía que establezca privilegios económicos y sociales de unas comunidades sobre otras", apostilló Piera.
En cuanto a la financiación local, solicitan al Ejecutivo de la Nación que se "aplique el principio de suficiencia para atender los servicios, sean propios o impropios", y que se "avance en la segunda descentralización con el principio de lealtad institucional, para que se pueda dotar financieramente a las administraciones locales en función de las competencias transferidas", añadió.
CAPITAL HUMANO Y MATERIAL
En cuanto a las medidas sobre el capital humano, el PP considera necesario coordinarse con los agentes sociales para realizar las reformas estructurales necesarias en el mercado de trabajo. "Un mercado rígido perjudica a los más débiles, sobre todo en un panorama global como el actual", explicó Piera, apuntando que "es competencia del Estado encontrar fórmulas capaces de conjugar las necesidades de seguridad y estabilidad de los trabajadores con la flexibilidad que requieren las empresas".
Así, el PP cree "conveniente" ampliar el abanico de modalidades de contratación para hacerlo "más atractivo y flexible", así como "dar mayor participación a las empresas de intermediación y de servicios laborales como agentes de empleo".
También proponen medidas para impulsar las políticas activas de empleo en el Gobierno regional, en particular las de formación profesional, continua y ocupacional para asegurar la reinserción rápida de los desempleados, así como adaptar el catálogo formacional a las necesidades reales de las empresas.
Coordinar el proceso innovador con la creación de un marco legal, presupuestario e institucional, tomar más iniciativas que estimulen la cooperación entre la universidad y la empresa, liberalizar la gestión del suelo, acabar con el intervencionismo público y estudiar una nueva Ley de Fomento del Suelo Industrial para actividades económicas públicas y privadas son otras de las propuestas.
