SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Cuentas advierte de que, en un escenario de crisis y restricciones presupuestarias, la adquisición de nuevos compromisos de gasto exige "una priorización precisa" de las necesidades que se deben atender con recursos públicos y opina que se debería "mejorar" su regulación, abordando el establecimiento de límites "cualitativos y cuantitativos" de la Administración para contraer nuevos compromisos, en particular mediante acuerdos de colaboración público-privada.
Lo constata en el informe de fiscalización en el apartado relativo a la Conta General de la Administración, en la que incluye entre las variables a tener en cuenta para la fijación de estos límites "la evolución del ahorro bruto, la cuantía comprometida por capítulo y la proporción entre financiación comprometida por capítulo, así como la proporción entre financiación presupuestaria y extrapresupuestaria".
En el documento, en el que se constata el peso en el endeudamiento de la Comunidad de las infraestructuras construidas mediante el modelo del pago aplazado, se recomienda que los ajustes motivados por la caída de ingresos se realice después de estudios que analicen "los diferentes" programas de gasto en base a su importancia estratégica para las políticas productivas y sociales, evitando usar los gastos de capital como principal recurso de los ajustes.
Añade Cuenntas que tanto el "elevado impacto cuantitativo" de las transferencias corrientes como su evolución recomiendan "revisar" el crecimiento del gasto en el sector institucional y también el gasto en líneas de ayudas que, "sin obedecer a una planificación estratégica", se mantienen en los presupuestos a lo largo de los años "de forma reiterativa sin evaluación de su eficacia y de su utilidad pública".
También se aboga por aumentar las medidas de control interno que aseguren una cuantificación fiable del gasto "desplazado", sobre todo en el ámbito de los organismos que no cuentan con fiscalización "previa", así como un uso "correcto" de la figura de las imputaciones de gasto de ejercicios anteriores para que "no pongan en riesgo el resultado presupuestario".
REVISIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Igualmente, en el estudio trasladado este viernes por Luciano Fariña a la jefa del Legislativo, Pilar Rojo, se demanda "una mayor concreción" de los supuestos en los que se puede "revisar" el endeudamiento autorizado en la ley de presupuestos de cada año. Las dificultades de financiación con los ingresos finalistas deben resolverse ajustando el gasto que financian o, en su caso, deben tratarse como "un problema de tesorería".
Del mismo modo, se ve "necesario" fijar una fecha y se alude a "finales de septiembre" para realizar el ajuste, ya que la "desviación real" sólo será conocida "al final del ejercicio", sin tiempo para hacer uso de la autorización que se pretende.
AVALES
Por otra parte, el informe del órgano fiscalizador constata que el "riesgo vivo" a 31 de diciembre de 2009 "duplica el existente a finales de 2008" ascendiendo a la cantidad de 254,47 millones de euros. Desde 2007, el riesgo vivo efectivo se multiplicó por cuatro desde el ejercicio de 2007, en el que se situaba en 64 millones, elevándose en 2010 hasta 287,8 millones de euros.
Por lo que respecta al grado de concentración del riesgo vivo por entidades avaladas en el ejercicio estudiado, se observa que 14 empresas --que representan el 18 por ciento del número total de entidades avaladas-- disponen de 30 avales con "un riesgo vivo efectivo" de 159,36 millones, lo que representa el 62,5 por ciento del riesgo vivo total.
En el apartado de avales fallidos, Cuentas constata que su importe en 2009 ascendió a 415.046,75 euros, lo que eleva los pagos realizados por la Xunta en concepto de avales fallidos desde el ejercicio 1994 a un montante de 28,27 millones de euros.
