El Gobierno mantiene la intención de acudir al Tribunal Constitucional contra la resolución del Parlament que rechaza la figura del Rey y la monarquía, con el argumento de que los legislativos autonómicos no tiene competencia para definir la forma del Estado, algo que queda "fuera de sus atribuciones". Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros que ha aprobado solicitar al Consejo de Estado el dictamen que tiene obligación de pedir antes de acudir al Tribunal Constitucional. La ministra no ha aclarado qué hará el Ejecutivo si el órgano consultivo no ve razones para la impugnación, si acudirá o no al TC con el criterio en contra del Consejo de Estado, y se ha limitado a recordar que este informe es preceptivo, pero no vinculante. Celaá no ha detallado las tachas de inconstitucionalidad que el Gobierno encuentra en la resolución aprobada por el Parlament, pero ha repetido que ese cuestionamiento al Rey y a la monarquía aprobado "queda fuera de las atribuciones de un parlamento autonómico, que no es competente para diseñar la forma de Estado de un país". La portavoz ha asegurado que una cosa es la crítica política a la jefatura del Estado, que según el Gobierno "se puede hacer", y otra el posicionamiento de una cámara legislativa sin competencia sobre la forma del Estado, ha insistido. El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Consejo de Estado que emita un dictamen con carácter de urgencia sobre la resolución aprobada el 11 de octubre por el Parlamento de Cataluña contra el Rey, como paso previo a una posible impugnación de este texto ante el Tribunal Constitucional (TC). El órgano asesor tendrá hasta el próximo jueves día 25 de octubre para aprobar el dictamen y enviarlo al Ejecutivo, que podrá decidir el recurso en el Consejo de Ministros siguiente. Celaá ha insistido en que para el Gobierno es una resolución "políticamente inaceptable". El Ejecutivo ya avanzó a las pocas horas de que se aprobara la resolución en el Parlament de que emprendería "todas las medidas legales a su alcance" en defensa de la legalidad tras la resolución aprobada en el Parlamento catalán que reivindica los valores republicanos y apuesta por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía". La iniciativa también rechaza y condena "el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán", ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.
