BRUSELAS, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europea negocia una reunión con el comisario de Justicia, Didier Reynders, para tratar la "innación" del Gobierno de Pedro Sánchez ante la la sentencia judicial que obliga a impartir un 25 por ciento de los contenidos lectivos en castellano en la escuela catalana.
En un comunicado, la formación 'naranja' ha asegurado que pedirá al comisario una reacción del Ejecutivo comunitario ante lo que considera un "deterioro de los derechos fundamentales" que merece una respuesta como la que Bruselas da a Polonia y Hungría cuando no se respeta el Estado de Derecho.
"Hemos trabajado mucho estas cuestiones, hemos informado a la Comisión Europea y estamos cerrando agenda para hablar directamente con Reynders: es preciso frenar el deterioro del Estado de Derecho bajo la negligencia o complicidad, no podemos delimitar si es una u otra, del Gobierno", ha explicado la eurodiputada, Maite Pagazaurtundua.
Junto a su compañero Jordi Cañas han mantenido una reunión este martes en Bruselas con una representación de Ciudadanos en Cataluña, encabezada por su líder, Carlos Carrizosa, para coordinar las próximas actuaciones ante el incumplimiento de la sentencia.
DELTA DEL EBRO
Este martes también la eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, y Carrizosa han participado en Bruselas en la jornada 'La defensa de los grandes deltas europeos: El Ebro, degradación y soluciones', y en la que se han encontrado por primera vez la Comisión Europea, la Taula del Consens, la ONU y expertos en medio ambiente para abordar la situación de estos espacios, explica Cs en un comunicado.
Rodríguez ha considerado que la Comisión Europea debe proteger el Delta del Ebro, por ser patrimonio de la Unión Europea, frente a la "irresponsabilidad de las administraciones implicadas, Gobierno y Generalitat, que no puede resolverse con más cartas de infracción".
Por su parte, Carrizosa ha afirmado que con esta acción el partido quiere provocar una reacción europea porque, a su juicio, ni Generalitat ni Gobierno asumen su responsabilidad: "Ponemos el Delta en la agenda europea, está aquí la Comisión Europea, fundamental para que escuche qué ocurre allí, la angustiosa situación y la importancia económica y social de este lugar".
