Publicado 17/11/2020 18:50CET

Cs propone que el Gobierno deba pedir la prórroga del estado de alarma cada mes y que la AN ratifique medidas

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en su escaño en el Congreso junto a otros diputados de su grupo parlamentario.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en su escaño en el Congreso junto a otros diputados de su grupo parlamentario. - POOL. Bernardo Díaz/El Mundo - Archivo

Apuesta también por reforzar la Alta Inspección sanitaria frente a la "falta de coordinación" entre el Ejecutivo central y los autonómicos

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha presentado este martes en el Congreso una proposición de ley orgánica en la que apuesta por aplicar el estado de alarma cuando las medidas contra el coronavirus impliquen la suspensión de derechos fundamentales, pero obligando al Gobierno a acudir al Congreso mensualmente para pedir prórrogas.

Para situaciones que requieran medidas menos duras, plantea que la Audiencia Nacional sea el órgano que ratifique las decisiones adoptadas en la declaración de actuaciones coordinadas realizada por el ministro de Sanidad en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Además, en este segundo escenario propone igualmente reforzar las competencias y la eficacia de la Alta Inspección sanitaria, para que supervise los programas de las comunidades autónomas y del Estado y evalúe si se fijan criterios y objetivos comunes en toda España.

La proposición de ley orgánica de refuerzo, coordinación y agilización del sistema sanitario en situaciones de emergencia sanitaria tiene como objetivo, según Cs, atajar la "falta de coordinación" entre Administraciones y asegurar de manera más ágil las garantías de las medidas restrictivas de derechos para evitar choques entre tribunales o institucionales.

Para exigir que el estado de alarma deba contar con el visto bueno del Congreso para su renovación mensual, la formación naranja propone incluir esta precisión en la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, la cual no establece ningún limite temporal a la aplicación de ese instrumento.

RATIFICACIÓN JUDICIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Por otro lado, su iniciativa contiene varias modificaciones en la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, para que las decisiones que se tomen en el CISNS que impongan "restricciones de derechos fundamentales en el territorio de una comunidad autónoma" deban ser sometidas a la ratificación judicial de la Audiencia Nacional y que, en caso de ser validadas, sean "de obligado cumplimiento" para esa comunidad.

Respecto a la Alta Inspección sanitaria, Ciudadanos aboga por incorporar nuevas funciones, como que durante una pandemia y cuando resulte "de extraordinaria y urgente necesidad", pueda proponer al ministro de Sanidad medidas concretas para proteger la salud de la población.

Asimismo, quiere que este órgano pueda programar y realizar visitas a los centros sanitarios o administrativos y exigir la documentación que considere oportuna, así como levantar acta de los hechos que perciba presencialmente.

Por último, Cs plantea que, ante un "riesgo inminente para la salud" en una comunidad y si las autoridades autonómicas se niegan a cumplir las medidas que garanticen la salud de la población, el Ministerio de Sanidad esté capacitado para aplicar la declaración de actuaciones coordinadas.

"PROFUNDIZAR" EN EL PLAN B

Al explicar la proposición de ley en una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha indicado que el punto relativo a la ratificación de la Audiencia Nacional evita que cada comunidad haga "la guerra por su cuenta" y favorece la unificación de la respuesta al virus en todo el territorio nacional.

En cuanto al refuerzo de la Alta Inspección, ha comentado que es algo que están pidiendo al Gobierno desde hace tiempo y este se niega porque cree que supone "recentralizar" competencias autonómicas, cuando en realidad es para que ejerza sus "competencias de coordinación".

Bal ha aclarado que la reforma que propone Ciudadanos serviría para "profundizar en el plan B" que su partido pidió al Gobierno para cuando no se aplicara el estado de alarma. Pero ha recordado que, tras reclamarlo Cs, ya se habían realizado modificaciones legislativas para disponer de ese marco jurídico alternativo.

Concretamente, con la figura de la declaración de actuaciones coordinadas en materia de sanidad y con la convalidación de las medidas de los gobiernos frente al virus por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, en vez de por los juzgados.

En relación con las críticas que ha vertido el PP contra la formación naranja, Bal ha dicho que los 'populares' parecen no haber entendido bien en qué consiste su propuesta, y ha insistido en que Cs no ha cambiado de posición respecto al estado de alarma.

PARA CONFINAMIENTO Y TOQUE DE QUEDA, ESTADO DE ALARMA

Porque "la única posibilidad de que el confinamiento, total o por horas, tenga solidez jurídica es a través de la declaración del estado de alarma", ha subrayado el diputado, que antes de dedicarse a la política era abogado del Estado.

Según ha señalado, "la suspensión de los derechos fundamentales y las libertades públicas solo se puede llevar a cabo" con el estado de alarma, de excepción o de sitio, y a través de las leyes administrativas "no se puede decretar el confinamiento total o el toque de queda".

El llamado 'plan B' sirve, según Bal, para "condicionar el ejercicio de los derechos sin suprimirlos". Por ejemplo, para atacar los rebrotes del coronavirus o una segunda ola de contagios que no esté "descontrolada", con medidas como la distancia social, la limitación de aforos o el cierre de establecimientos a determinadas horas.

Sin embargo, ha asegurado que para otro tipo de medidas más duras se necesita el estado de alarma y por eso no entiende que el PP haya presentado una proposición de ley para que "nunca sea necesario" recurrir a él.

"No es posible constitucionalmente", así que su reforma "no duraría cinco segundos en el Tribunal Constitucional", ha advertido, subrayando que no se pueden suspender derechos fundamentales mediante leyes administrativas y sin dar "garantías" a los ciudadanos "frente a las intromisiones del Ejecutivo" en sus derechos fundamentales.

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