La defensa de Mas y sus consellers alega que los contratos del 9N fueron "impecables" y buscando la legalidad

Publicado 11/10/2018 14:52:40CET

Acusan a Fiscalía de basarse en "la ficción" de que la consulta inicial y el proceso participativo final fueron "lo mismo"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los abogados que ejercen la defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas; su vicepresidenta Joana Ortega, el conseller de Presidencia, Francesc Homs y la titular de Educación, Irene Rigau; han argumentado en el turno de conclusiones del juicio que se celebra contra ellos en el Tribunal de Cuentas por presunta responsabilidad contable en la financiación de la consulta del 9 de noviembre de 2014, que todos los expedientes de contratación fueron "impecables" y se firmaron dentro de la legalidad. Piden que se archiven las actuaciones.

En esta segunda jornada del juicio y durante el turno de conclusiones, los letrados de la defensa han expuesto el pormenor de los contratos, como la compra de ordenadores portatiles para el sistema educativo catalán que se estrenaron en las mesas de votación, para argumentar que todos se firmaron justificadamente, con sus partidas de gasto y sus informes favorables, antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera la consulta y "todos fueron suspendidos" en cuanto llegó aquella providencia.

Para el representante de Mas y de Ortega, Rafael Entrena, la acusación ejercida por Sociedad Civil Catalana lo que busca es crear su propio "relato político" para conseguir una condena adicional contra el Govern de Artur Mas, que no fue condenado por malversación en el proceso penal del 9N, y la Fiscalía "intenta salvar esto con la teoría de la trazabilidad de la partida presupuestaria", cuando el dinero del proceso participativo sale de un fondo de contingencia del que beben muchas otras políticas de la Administración.

En su opinión, todo el procedimiento gira en torno a la pretensión de equiparar la consulta inicial anulada por el Tribunal Constitucional con el "proceso participativo" que finalmente tuvo lugar el 9N, cuando son cosas "distintas". "Claro que había una voluntad política y un conocimiento de que el Gobierno del Estado no estaba por la labor, pero aquí, y estamos hablando de 2014 y de las personas que estaban en el gobierno en 2014, lo que intentaron es hacer las cosas conforme a la ley", ha asegurado.

En la misma linea se ha expresado la defensa de Homs. Su letrada, Montserrat Rosell, ha afirmado que "siempre hubo voluntad de la Generalitat de Cataluña de adaptar la consulta a la legalidad" y por eso modificó el plan suspendido por el Constitucional, pero el Ministerio Fiscal se empeña en "una ficción que no tiene respaldo" al insistir en que "la consulta suspendida y el proceso participativo son lo mismo".

"En base a esta ficción entienden que todos los contratos y gastos del proceso participativo estaban afectados por el proceso suspendido en septiembre y que son ilegales", ha criticado, para incidir en que, en todo caso, "considerar que son un único acto excede el ámbito contable", ha señalado. También ha tenido palabras para el abogado del Estado, de quien ha dicho que su intervención ha sido "anómala y debería comportar la nulidad" del juicio.

QUE RIGAU "NO PAGUE DE SU BOLSILLO" LOS ORDENADORES

Sobre el particular de los portátiles adquiridos, Entrena ha incidido en que "es incuestionable el proyecto de digitalización de las escuelas" que "durante años se cofinanciaba con el Estado" y que motivaba esa compra de ordenadores portátiles para "necesidades recurrentes" del sistema educativo catalán por lo que "todo el debate está en las fechas" de compra por su cercanía con el 9N y "no es suficiente" para acreditar responsabilidad contable.

Precisamente, la abogada de la exconsellera de Educación, Gracia Llacer Muñoz, ha incidido en este asunto, pues no considera razonable que Rigau "pague de su bolsillo", como reclama la acusación, los 2,8 millones que costaron los 7.000 ordenadores cuando están siendo utilizados por los colegios de Cataluña. Ha alegado que, en todo caso, si se encuentra algún tipo de responsabilidad contable se tome como referencia el coste que supone el uso de esos ordenadores durante los días de votación, no su precio de compra.

También han presentado conclusiones Luis Saura Lluvià, abogado de Luis Bertrán Saura; y el representante de Teresa Prohías, Oriol Ràfols; pues también han sido denunciados por los mismos hechos aunque a diferencia de lo que ocurrió con Mas, Homs, Ortega y Rigau, no fueron llamados a declarar por las acusaciones ante el juicio. De nuevo, han defendido la legalidad de todos los expedientes de contratación del 9N, incidiendo en que ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni el Tribunal Supremo vieron malversación de fondos públicos, por lo que entienden que tampoco podría deducirse que hubiese responsabilidad contable.

El juicio ha quedado así visto para sentencia, un pronunciamiento que según las defensas, se prevé tarde al menos varias semanas en llegar, dada la cantidad de documentación y de prueba documental que tiene el expediente.

El Tribunal de Cuentas ya impuso una fianza de 5,2 millones de euros a los denunciados, el importe estimado de la posible responsabilidad contable, y les embargó bienes inmuebles para garantizar el pago, incluida una vivienda propiedad de Artur Mas, que podrá perder si finalmente sentencia que no hicieron la gestión debida de los fondos públicos que tenían a su cargo.