Delegación del Gobierno recurrirá el 'Manhattan' de Cullera por no contemplar especificaciones de Fomento, CHJ y Costas

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana presentará un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado el pasado martes por el pleno del Ayuntamiento de Cullera por el que se da luz verde al llamado 'Manhattan' de la localidad, que incluye la construcción de 33 torres de hasta 25 alturas, al considerar que no se cumplen las especificaciones y alegaciones realizadas por el Ministerio de Fomento, la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Jefatura de Costas.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, indicó a Europa Press Televisión que cuando reciban notificación del pleno del Ayuntamiento en el que se aprobó el plan, se presentará un recurso contencioso-administrativo "porque no se cumplen las especificaciones que en su día presentó el Ministerio de Fomento", quien considera que de realizarse el PAI tal y como está "se duplicaría el aforo de vehículos" y se "produciría un colapso", ni de la CHJ, relativas a la "insuficiencia de recursos hídricos" para la nueva población y que hablan "incluso del riesgo de inundabilidad de algunas viviendas", y las de la Jefatura de Costas.

Respecto a la actuación de la Generalitat, "que ha señalado que vigilará" el proceso, indicó que lo que tiene que hacer es "no aprobar" este PAI, "ya que se aprobó supeditado". "No puede decir ahora que vigilará, faltaría más que no vigilara; lo que tiene que hacer es tomar una actuación decidida de restaurar la legalidad y la viabilidad de un proyecto a sus términos justos, no a lo que irresponsablemente algunos piensen".

En este sentido, Martínez señaló que el plan debería "devolverse y replantearse" y, "como mínimo", "hacer caso a las objeciones que ha planteado la Administración general del Estado". Así, señaló que de aprobarse el plan como está "se produciría prácticamente un colapso de las carreteras de acceso a la ciudad de Cullera", al tiempo que "se duplicaría el aforo de vehículos", especialmente en época estival.

Además, añadió, este proyecto "no garantiza la suficiencia de recursos hídricos para esa nueva población" y "se ponen en peligro determinadas cuestiones del dominio público fluvial del Júcar e incluso problemas de inundabilidad". Asimismo, consideró, "hay determinadas consideraciones de Costas sobre el dominio marítimo terrestre que deberían tenerse también en cuenta".

Luis Felipe Martínez, además, recordó que existen otros dos recursos anteriores del Estado contra esta actuación, uno de ellos "porque se encomienda la gestión" del proyecto "al Instituto Valenciano de la Vivienda sin mediar concurso", y otro contra la resolución aprobatoria del plan por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia.

URBANISMO RESPONSABLE

El subdelegado destacó que el Gobierno "fomenta el urbanismo, pero el urbanismo responsable, que acata la legalidad, que permite tener unas viviendas con su comodidad garantizada y recursos como el agua, que es un bien escaso en nuestra Comunidad y en toda España". En este sentido, señaló que "tenemos problemas importantes de sequía" y si no se garantiza el agua "no podemos cerrar los ojos irresponsablemente, como han hecho otras administraciones".

El pleno del Ayuntamiento de Cullera (Valencia) aprobó el pasado 31 de octubre-- con los votos favorables del PP y UV, en contra de PSOE y Alternativa Progresista de Cullera (APC) y la abstención del Bloc-- el PAI de la Bega, conocido como el 'Manhattan de Cullera', que contempla la construcción de 33 torres de hasta 25 alturas en 610.000 metros cuadrados.

El 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, que supeditó la construcción a la mejora del enlace de la carretera N-332 con el sur de Cullera, y de la CHJ, que alegó 'la no existencia de suficientes recursos hídricos en los pozos municipales' para abastecer a la población.

Por el contrario, la Dirección General de Obras Públicas de la Conselleria de Infraestructuras emitió un informe favorable aunque incidió en la necesidad de que las obras de la conexión viaria deben ser sufragadas por los propietarios de la Bega.