El Gobierno niega que la Abogacía haya hecho un gesto al independentismo y dice que su criterio ha sido jurídico

Delgado justifica la petición máxima de 12 años para Junqueras al entender que la malversación queda subsumida en el delito de sedición La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este viernes que la Abogacía General del Estado haya hecho "gestos" al independentismo con su decisión de no acusar de rebelión, sino solo de sedición y malversación, a los promotores del referéndum independentista del 1-O, y ha hecho hincapié en que sus criterios han sido exclusivamente jurídicos. "No es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica de valoración de los hechos y de aplicación del Código Penal bajo criterios estrictamente profesionales", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Delgado ha alegado que, precisamente, ha habido mucho debate entre expertos jurídicos sobre los delitos de rebelión, sedición y desobediencia grave y que la Abogacía ha actuado solo "desde la profesionalidad". "No se trata de gestos", ha remachado Delgado, que ha justificado la petición de una pena máxima de 12 años para el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras al entender que el delito de malversación queda subsumido en el de sedición. Es decir, que la Abogacía entiende la malversación de caudales públicos como un medio necesario para cometer el de sedición. Delgado no ha querido valorar si esta toma de posición de la Abogacía puede ayudar a que los partidos independentistas apoyen en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez. "Que sirva o no sirva, no tengo ni idea. De lo que estamos hablando en este momento es de una fase procesal que se inicia", ha dicho Delgado que, además, ha señalado en varias ocasiones que las conclusiones que ha presentado este viernes la Abogacía son provisionales. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que compareció junto a Delgado, ha insistido en que el escrito de la Abogacía no representa "ningún cambio de posición" porque se trata de la primera vez que se están calificando las acusaciones. Sin embargo, los servicios jurídicos del Estado se acaban de desmarcar de la postura que hasta este momento habían mantenido de adhesión a los criterios de la Fiscalía. "El Ministerio Fiscal tiene que trabajar con los criterios de independencia que su propio Estatuto contiene (...) La Abogacía del Estado tiene un estatuto distinto", ha señalado Calvo cuando se le ha preguntado por esta disparidad de opiniones entre un órgano y otro. Minutos después, Delgado ha negado que el Gobierno haya impuesto su criterio a la Abogacía. La titular de Justicia ha explicado que es la abogada general del Estado, Consuelo Castro, quien firma el escrito porque "se trata de una causa de extraordinaria relevancia". Bajo el punto de vista de la ministra, la posición de la Abogacía "no socava" la de la Fiscalía. "Son dos posiciones perfectamente defendibles por unos y por otros", ha insistido, incidiendo en que el escrito de la Abogacía simplemente evidencia que el debate jurídico existente en torno a los delitos y sedición ahora se ha trasladado a "los operadores jurídicos" de la causa del 'procés'. Calvo ha aprovechado para señalar que en ese debate el anterior Gobierno de Mariano Rajoy "no veía ningún delito", ni siquiera el de malversación de fondos públicos, cuestionado por el ministro de Hacienda de entonces, Cristóbal Montoro. La vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno no hace "pronósticos" respecto de las posturas que les perjudican o benefician electoralmente con respecto a Cataluña, sino que actúa con "respeto escrupuloso a la acción del Estado" y "defendiendo los intereses del Estado".

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