La consejera de Bienestar Social considera positivo que cada Comunidad desarrolle la Ley "a su manera", pero pide "un marco común" que garantice la igualdad
MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, consideró hoy imprescindible encontrar una financiación "suficiente, estable y sostenible" para la Ley de Dependencia y recordó, ante los datos que apuntan que Canarias es una de las CC.AA. con menor implantación de la Ley, que el Gobierno y los Cabildos llevan atendiendo diez años a los canarios, tanto sanitaria como socialmente, "de forma totalmente gratuita".
Roldós apuntó, tras la Conferencia Sociosanitaria celebrada hoy en Madrid, entre los distintos responsables de las políticas sociales y sanitarias de las distintas Comunidades Autónomas y la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, la necesidad de que el Gobierno "defina" el espacio socio-sanitario y la cartera de servicios de la Ley de Dependencia "como un marco para todas las CC.AA.".
"El Sistema Nacional de Salud tiene un déficit actualmente de más del 10% de su presupuesto anual en materia de sanidad y la Ley de Dependencia se sabe que está insuficientemente financiada. Por lo tanto, es fundamental definir prestaciones, materializarlas en una cartera de servicios, y eso lo tiene que hacer el Gobierno, como un marco para todas las CC.AA. españolas", sostuvo.
En este sentido, la consejera recordó que este debate "nunca ha sido abordado" porque la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003, que fue la primera en acoger el concepto de asistencia social y sanitaria combinada, "sigue sin desarrollarse reglamentariamente" y, por lo tanto, aún no está bien precisado "el espacio socio-sanitario". "No se incorporó en el decreto del año 2006 de la Cartera de Servicios, porque sigue estando vigente lo que refería el decreto del año 1995 y no está definido qué cartera de servicios es lo socio-sanitario, así como tampoco se ha cuantificado cuánto cuesta", dijo.
Así, refirió la unanimidad en torno a esta petición de "coordinación" de ambos espacios e incidió en el hecho de que el PP, cuando se procedió a la tramitación de la Ley de Dependencia en 2006, instó al PSOE, "que voto en contra, a desarrollar esa cartera de servicios reflejando las prestaciones socio-sanitarias". Por eso, coincidiendo con el planteamiento general de la reunión, pidió la creación de un grupo de trabajo "en el que se marquen las líneas prioritarias a seguir" y la constitución de un grupo de expertos que elabore un libro blanco sobre lo socio-sanitario".
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, que también asistió a la reunión, valoró, precisamente, la experiencia que Canarias puede aportar a la elaboración de dicho libro, ya que la Comunidad lleva "diez años" ofreciendo una atención coordinada, "incluso financieramente hablando", en los dos ámbitos, tanto social como sanitario. "Canarias tiene una estructura que reparte la financiación a un 50% entre el Gobierno y los Cabildos insulares de cada una de las islas".
CADA UNO "A SU MANERA"
En realidad, "el espacio socio-sanitario esta realmente definido", aunque cada CC.AA. "lo esté haciendo a su manera", y más que una definición lo que necesita es que el Ministerio "coordine para que tengamos unos criterios comunes en toda España", refirió Rojas.
"Lo que no puede ser es que cada Comunidad vaya de una manera, ya pasó con la Ley de Dependencia. Podemos estar creando 17 sistemas diferentes porque cada Comunidad se está ordenando y decretando a su manera, según su propia ideosincrasia, y esto es bueno. Tenemos que hacerlo así porque cada Comunidad tiene su propia singularidad, pero debe haber un marco común que permita que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos y con la misma facilidad", argumentó.
Dicho esto, advirtió de que no se deben generar "falsas expectativas" como pasó con la Ley de Dependencia, ya que en la Comunidad canaria, donde alrededor de 29.000 personas ya reciben atención socio-sanitaria, muchas personas "creyeron" que la nueva Ley venía a añadir una "paga económica" que se añadía "a lo que ya se estaba recibiendo". En este sentido, los ciudadanos deben entender que las Comunidades "daban unos servicios y prestaciones" y que ahora lo harán "como un derecho subjetivo, porque hay una ley, un marco estatal, que así lo estipula".
MALOS DATOS DE IMPLANTACIÓN DE DEPENDENCIA
Cuestionada acerca de los datos que indican que Canarias es una de las Comunidades Autónomas con peor nivel de implantación de la Ley de Dependencia, Rojas explicó que ésto se debe a que los datos del Gobierno canario, que recogen a 28.800 personas como receptoras de ayudas, no concuerdan ni son registrados en los datos que continuamente da el Imserso, "que no son reales". "Los datos reales del Imserso son de las 6.000 personas que están directamente bajo el paraguas de la Ley de Dependencia, pero las 28.000 que reciben esos servicios en Canarias no aparecen ahí" porque no están al amparo de la Ley", precisó la consejera de Bienestar Social.
En este sentido, la consejera de Sanidad apreció que Canarias lleva diez años dando unas prestaciones que este año han costado a la Consejería "18.867.000 euros". "Mientras en Canarias se ha estado atendiendo a estas personas de manera absolutamente gratuita durante años, la Ley de Dependencia es un copago en el que el paciente tiene que contribuir económicamente, en la medida de sus posibilidades, a financiar los servicios que se le prestan", señaló.
De esta forma, hay pacientes canarios "ya valorados" que, sabiendo que la asistencia canaria les resulta gratuita frente al copago de la Ley de Dependencia, que no quieren ser valorados de nuevo porque "tendrían que contribuir económicamente", resaltó antes de asegurar que Canarias, "lejos de estar por debajo del sistema español de dependencia, está por encima desde hace diez años".
