SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Uno de los dos acusados de un presunto delito de estafa tras falsificar, supuestamente, dos talones bancarios de la UTE Metro de Sevilla se conformó hoy con una pena de dos años de prisión, frente a los que cuatro que pedía para él el fiscal. El otro de los acusados, para que el ministerio público pedía siete meses de cárcel, no acudió a la vista oral por el caso, señalada para esta mañana en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Según indicaron fuentes judiciales a Europa Press, lo que sí se hizo esta mañana fue abonar la pena por responsabilidad subsidiaria pedida por el fiscal.
La vista oral por el caso ya fue suspendida el pasado 13 de junio porque el principal acusado pidió un cambio de abogado en el último momento. Según informaron entonces fuentes judiciales a Europa Press, el acusado comunicó a su defensor de oficio media hora antes de la vista oral su decisión de ser defendido por otro abogado, con lo que el letrado afectado dijo al Tribunal que no quería hacerse cargo del caso al no contar con la plena confianza del acusado, algo que, tras una deliberación, fue aceptado por el Tribunal.
En el escrito de acusación del ministerio público, al que tuvo acceso Europa Press, se refleja que los supuestos hechos se produjeron antes del 24 de junio de 2005, cuando uno de los acusados, F.J.D., sustrajo dos talones de la citada compañía "con la intención de obtener beneficio económico", aprovechando que trabajaba como operario de limpieza en las oficinas de la UTE. El acusado llegó a rellenar presuntamente los talones y a firmarlos para cobrarlos en una entidad bancaria.
Así, el 24 de junio del año pasado logró cobrar el primero de los cheques por un importe de 1.600 euros y, tras rellenar el segundo, trató de hacerlo igualmente efectivo. Para ello requirió la colaboración del segundo acusado, A.M.A.B., a quien ofreció 300 euros por su actuación. Siempre según el fiscal, una vez que el segundo acusado trató de cobrar el talón, la subdirectora de la oficina bancaria a la que se dirigió sospechó de la autenticidad del documento y avisó a la Policía, que detuvo a ambos individuos.
Para el ministerio público, los hechos son constitutivos de un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de estafa, así como de una supuesta falta de hurto --de lo que acusa al primero de los procesados--, además de un presunto delito de estafa en grado de tentativa --del que acusa al segundo de los procesados--.
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