MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los abogados de Ángel Medrano y Rafael Álvarez-Buiza, responsables de la empresa Promociones Calle Mayor y acusados en el juicio por delitos fiscales que se sigue contra ex accionistras de la cadena de televisión Telecinco, solicitaron hoy en la Audiencia Nacional que se juzgue también al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y negaron haber cometido los hechos que les imputa la fiscal Anticorrupción Pilar Melero.
Las defensas de ambos procesados, que se enfrentan cada uno a ocho años de cárcel y al pago de 50 millones de euros por tres delitos contra la Hacienda Pública y uno continuado de otorgamiento de contrato simulado, aseguraron en las cuestiones previas del juicio que la ausencia del ex jefe de Gobierno italiano supone una "flagrante indefensión" para sus clientes, que al igual que el resto de procesados solicitaron el enjuiciamiento de Berlusconi.
El abogado de Medrano, Luis Díaz-Ambrona, enfatizó que las acusaciones que el Ministerio Público dirige contra su cliente se basan en diversas actuaciones vinculadas con Berlusconi, quien fue separado del procedimiento junto con el ex parlamentario europeo Marcello Dell'Utri debido a la inmunidad de que gozaban por su estatus político.
También afirmó el letrado que el propio Berlusconi reconoció "de forma aplastante" en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que estos dos procesados fueron socios de Telecinco, pero que no participaron en la toma de decisiones. "Eran socios mudos" que además no desempeñaban "cargos" en la cadena de televisión, agregó.
La instrucción del sumario, sostuvo, fue "teledirigida" y se debió a la "clara animadversión" que Garzón siente hacia el político italiano, como, según él, atestigua la biografía del magistrado "Un mundo sin miedo".
Según las defensas de los acusados, los hechos juzgados son similares a otra operación investigada por la Audiencia Nacional por la compra de una cuota superior de acciones de Antena 3 de la permitida por la ley. En este caso, aseguraron, la instrucción fue archivada porque se consideró que las acciones podrían ser objeto de sanción administrativa, pero que no eran susceptibles de reproche penal.
DESIGUALDAD EN EL TRATO
Por su parte, el letrado de Álvarez-Buiza, Pedro Romero, aseguró que la investigación sobre estos hechos comenzó a partir de unas investigaciones realizadas en Italia respecto a la empresas de Berlusconi, por lo que consideró que la vista oral "no puede celebrarse sin la presencia" del ex presidente italiano.
Calificó como una "desigualdad en el trato" que se impute a los dos responsables de Promociones Calle Mayor por haber participado supuestamente en el "entramado" para que el ex presidente italiano aumentase su control sobre Telecinco, y se excluya a éste del proceso cuando, además, "ya no es inmune". "La figura del señor Berlusconi es fundamental" en el juicio, recalcó.
Según manifestó en el juicio, su cliente fue socio de la cadena de televisión pero no fue consejero ni desempeñó ningún puesto, al igual que su compañero Medrano. Ninguno de los dos responsables de la empresa Promociones Calle Mayor tomó ninguna decisión sobre la gestión de Telecinco, afirmó, y lo único que hicieron fue "invertir y desinvertir" en la empresa de televisión, obteniendo por ello "una cierta plusvalía".
Por otro lado, Romero rechazó la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos por los que se les acusa, como han hecho el resto de defensas de los acusados en sus cuestiones previas. En este sentido, argumentó que los supuestos delitos no tuvieron "graves consecuencias" para la economía nacional y dijo que "no hay ningún perjudicado" por ellos.
El abogado añadió que "los únicos" que podrían ser perjudicados por estos hechos, Telecinco y la ONCE, han renunciado a cualquier indemnización y no han ejercido acusaciones contra los procesados.
El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Promociones Calle Mayor compró el 10% de las acciones de Telecinco, pero que los pagos fueron realizados por Divercisa, controlada por el ex presidente de Telecinco y ex secretario general de la ONCE, Miguel Durán. Además, considera que Medrano y Álvarez-Buiza participaron en un esquema de encubrimiento de operaciones de compra-venta de acciones de la cadena de televisión y de ocultación de estas transacciones a la Hacienda Pública.