DyJ pide imputar al diputado de Bildu que reclamó al director de prisiones un trato "excepcional" para presos de ETA

Archivo - La asociación Dignidad y Justicia presenta un nuevo escrito ante el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional.
Archivo - La asociación Dignidad y Justicia presenta un nuevo escrito ante el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
Publicado: lunes, 22 enero 2024 12:08

Solicita imputar al exconsejero de Justicia vasco Joseba Azcárraga, al etarra Jorge García Sertucha y al abogado Txema Matanzas

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga la organización de un centenar de actos de homenaje a presos de ETA entre 2016 y 2019 que impute al parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga toda vez que de los informes aportados a la causa se desprende que, entre otras cuestiones, pidió colaboración al director de Instituciones Penitenciarias para "desbloquear situaciones excepcionales" en el marco del "canal de comunicación eficaz y estable" que mantenía "con responsables del PSE".

Desde DyJ, que ejerce la acusación popular en la causa, han solicitado a su vez que cite a declarar como investigados al exconsejero de Justicia vasco Joseba Azcárraga, al etarra Jorge García Sertucha y al abogado Txema Matanzas dada la "existencia de indicios racionales de criminalidad" en su participación con los hechos que se investigan. En concreto, les sitúa en una "estructura" dedicada a gestionar los permisos penitenciarios de los presos de ETA para luego organizar los homenajes.

La acusación ha presentado un escrito complementario, al que ha tenido acceso Europa Press, para pedir más diligencias de investigación en caso de que se corrija la decisión del instructor de no prorrogar las pesquisas.

Dignidad y Justicia se ha amparado para ello en el informe 1/2021, de 18 de marzo, sobre el resultado de los análisis de dispositivos informáticos en el que consta la "estrategia" llevada a cabo para "instrumentalizar varias organizaciones y dinámicas relacionadas con los presos de ETA" y en el que se hace referencia a Arzuaga, Azcárraga, García Sertucha y Matanzas.

Según ha precisado la asociación, dicho informe pone de manifiesto que Azcárraga participaba en "movilizaciones a favor de los presos de la organización terrorista ETA", "publicitando los actos de bienvenida y manifestaciones". También revela que "era la correa de transmisión entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Comisión de presos de Sortu".

Dignidad y Justicia ha apuntado a su vez que, el informe en cuestión, sitúa también a Arzuaga, a Matanzas y a García Sertucha en la estructura dedicada a "conseguir las progresiones de grado, traslado y beneficios penitenciarios", así como la organización de actos de apoyos a los presos.

LOS MENSAJES CON EL DIRECTOR DE IIPP

En su escrito, la asociación incluye varios extractos de conversaciones recogidas en el informe elaborado por los investigadores en 2021. En uno de los mensajes, Arzuaga recuerda al Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz -a quien en ocasiones se referían como 'el Madrid'--, que el objetivo de sus comunicaciones mutuas era "facilitar y desbloquear situaciones excepcionales".

"Somos conscientes de que la práctica ordinaria de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias debe basarse en las propuestas de los centros con respecto a la clasificación de grado así como la asignación de los centros para cumplir condenas. Tanto en el caso de Zigor Orbe como con el resto de la población reclusa. No podríamos imaginar que fuera de otra manera", señala el dirigente de EH Bildu.

Y luego añade: "Sin embargo y con la mayor cordialidad, entendíamos que nuestra comunicación contigo tenía por objeto facilitar y desbloquear situaciones excepcionales, entendiendo que podíamos coincidir en propuestas para soluciones razonables que conjugaran por un lado el absoluto respeto al reglamento y procedimiento, por otro, una nueva perspectiva de política penitenciaria más humana".

"Precisamente, para labrar esa sintonía es que mantenemos un canal de comunicación eficaz y estable con responsables del PSE, como sabes", agrega, en el marco de una serie de mensajes en el que plantea la posibilidad de que el traslado del etarra Zigor Orbe fuese pasajero para que luego fuese trasladado a un centro penitenciario más cercano a su familia.

Asimismo, en dicho informe constan otros mensajes en los que 'Kubati' le dice a Joseba Azcárraga que a partir de la salida del etarra Gorka Fraile "las condiciones para conceder los permisos ordinarios no van a ser tan estrictos". Y le explica que el Director del Centro Penitenciario de Villabona les ha recomendado retirar los recursos interpuestos por tres presos y volver a solicitar el permiso rechazado.

Según otro dossier de 2019 al que hace referencia Dignidad y Justicia, varios presos de ETA que estaban enfermos en el momento fueron puestos en libertad condicional gracias a la "eficacia" de las gestiones llevadas a cabo por Joseba Azcárraga "bajo la responsabilidad" de 'Kubati'. Varios de los liberados fueron recibidos con homenajes, lo que para los investigadores evidenciaría la "instrumentalización" de "toda la esfera afín a la izquierda abertzale, entre ellas la asociación Sare".

LA PETICIÓN DE FISCALÍA

El escrito de la acusación popular tiene lugar después de que la Fiscalía solicitara el procesamiento de los etarras Antón López Ruiz, alias 'Kubati', Carlos Sáez de Eguilaz, y Felipe San Epifanio, 'Pipe', por la presunta organización de un centenar de actos de homenaje a presos de la banda terrorista entre 2016 y 2019.

Según informó el Ministerio Público, reclamó al Juzgado Central de Instrucción Número 6 que pusiera fin a la investigación y que procediera contra los citados etarras así como contra los dirigentes de Sortu Haimar Altuna y Oihana Garmendia y la miembro de la iniciativa 'Kalera Kalera' Oihana San Vicente.

La Fiscalía aprecia provisionalmente la presunta comisión de un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento de personas que han participado en acciones de carácter terrorista.

Los investigadores de la causa refieren 95 actos celebrados entre diciembre de 2016 y octubre de 2019 en diferentes localidades del País Vasco y Navarra, concluyendo que se trata de una conducta "reiterada y sistemática" desplegada a partir de "una estructura organizativa".

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