BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El sindicato ELA afirmó hoy que las ilegalizaciones de ANV y EHAK "son muestras inequívocas de la incapacidad del Estado para abordar la cuestión vasca por vías políticas". Además, denunció que "las expresiones electorales vascas se toleran o proscriben en función de intereses de Estado, sin posibilidad de amparo por parte de las instituciones" de autogobierno vasco.
La central sindical celebró esta mañana una concentración en la Plaza Moyua de Bilbao para expresar su protesta ante las ilegalizaciones de ambas formaciones abertzales. El acto estuvo encabezado por el secretario general del sindicato, José Elorrieta.
ELA elaboró un texto, que fue leído por dos delegados de la central sindical, en el que se considera que las decisiones del Tribunal Supremo de ilegalizar la actividad política de ANV y EHAK "constituyen la cobertura judicial de una sentencia previamente dictada por el Gobierno socialista, en aplicación del Pacto de Estado llamado 'Por las libertades y contra el terrorismo'".
Además, la central reiteró que la Ley de Partidos ha sido diseñada "para cercenar el derecho a la participación política", y destacó "la situación de indefensión que padecen las organizaciones ilegalizadas, así como la arbitrariedad que preside estos procesos que, entre otras cosas, alimentan una cultura política para la cual los derechos fundamentales no son de aplicación al adversario político".
También denunció "el cálculo electoral que ha presidido este proceso de ilegalizaciones, que buscaba ilegalizar, con fecha cierta, propósito para el cual atestados y diligencias policiales pasan a tener valor probatorio".
El sindicato exigió la derogación de Ley de Partidos, "que es rechazada por la mayoría política y social de este país", ya que, "eliminar políticamente la expresión electoral de civiles dueños de derechos es inaceptable en democracia". "ELA quiere recordar que hablamos de la expresión electoral de un espacio socio-político legitimado repetidamente en las urnas y como tal necesaria para la vida del país", añadió.
Asimismo, puso de manifiesto "la gravedad del escenario social y político resultante de la aplicación de la doctrina del 'entorno'" que, "no sólo está sirviendo para negar la naturaleza política del conflicto vasco, sino que se cierne la sospecha, se acusa y se condena, finalmente, por colaboración o pertenencia a banda armada a personas que promueven determinadas ideas, reivindican los derechos de las personas presas, denuncian torturas y malos tratos o se comprometen en la promoción del euskara o de los movimientos sociales, en general".+
VIAS POLITICAS
"Todas estas decisiones son muestras inequívocas de la incapacidad del Estado español para abordar la cuestión vasca por vías políticas. Esta debería ser, para ELA, una razón adicional para que las fuerzas vascas favorables al cambio político revisen y renuncien a aquellas formas de lucha y códigos de actuación política que sirven de justificación a estas vulneraciones de derechos", señaló.
A su juicio, "esa revisión abriría posibilidades inéditas al proceso político, contribuiría a desgastar los instrumentos de legitimación de la violencia de estado y permitiría articular respuestas sociales proporcionales a los ataques".
En ese sentido, reiteró su exigencia a ETA de que "abandone la lucha armada" y lamentó "la corrosión permanente a la que está siendo sometida el marco jurídico vasco, un marco de por sí dependiente y subsidiario".
"Las ilegalizaciones son también expresión fehaciente de ese desgaste, toda vez que las expresiones electorales vascas se toleran o proscriben en función de intereses de estado, sin posibilidad de amparo por parte de las instituciones de autogobierno", señaló.