España, condenada a indemnizar a tres exediles de Marbella por no tener un juicio justo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar con 8.000 euros al que fuera teniente de alcalde de Marbella Pedro Román Zurdo y a los exediles Rafael Gonzalez Carrasco y Manuel Calle Arcal al considerar que la Audiencia Provincial de Málaga, que revocó una absolución anterior y les condenó a un año de cárcel y 8 de inhabilitación por el conocido como caso "Moansa", vulneró sus derechos al revisar el caso sin volver a escucharles, por lo que no tuvieron un juicio justo.

   La sentencia, dada a conocer este martes, considera vulnerado el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece que toda da persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial.

   Los recurrentes fueron condenados por la Audiencia de Málaga junto al exalcalde del municipio Julián Muñoz y otros cuatro exconcejales, si bien Román, Calle y Gónzález fueron los únicos que acudieron a Estrasburgo.

   Solicitaron una compensación de 10.000 euros y que se anulase la resolución, un extremo este último que no es aceptado por el tribunal de garantías europeo.

   Los exediles alegaban, y en esto sí les da la razón el TEDH, que fueron condenados en apelación sin haber sido escuchados y que la sentencia que revocó la absolución dictada anteriormente por el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga, consecuencia de un recurso de la Fiscalía, se basó en una nueva apreciación de los hechos sin posibilidad de contradicción.

   Los recursos de amparo presentadas por Román Zurdo , por una parte , y por González Carrasco y Calle Arcal por el otro, fueron desestimados por el Tribunal Constitucional en 2008 y 2009 respectivamente.

   El juzgado había absuelto anteriormente a Muñoz y a los ex concejales Rafael González, Mario Jiménez Notario, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, Marisa Alcalá, Pedro Román - por entonces con orden de busca y captura internacional por el caso 'Malaya'-- y José Marino Pomares, a los que el fiscal acusaba de otorgar en comisiones de gobierno celebradas en diciembre de 1996 y en noviembre de 1997 las licencias al proyecto básico y al de ejecución de seis viviendas unifamiliares pareadas en Huerta Belón "sin sujeción a ningún planeamiento vigente".