MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de España ha reclamado este jueves a Sri Lanka que mantenga la moratoria a la pena de muerte, vigente desde hace más de 40 años, un día después de que el presidente del país firmara la condena a muerte para cuatro personas acusadas por delitos relacionados con las drogas.
"El Gobierno de España comparte con Sri Lanka la preocupación por la seguridad de sus ciudadanos y por el combate contra el crimen y la delincuencia, especialmente en manifestaciones tan odiosas como el terrorismo", ha dicho el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Sin embargo, ha resaltado en su comunicado que "es un hecho ampliamente demostrado que los países en los que la pena de muerte sigue vigente no son más seguros ni sufren menos crímenes que aquéllos en los que se ha abolido".
"La pena de muerte sólo añade sufrimiento al dolor causado por los criminales y, lejos de contribuir a terminar con el terrorismo, puede incluso favorecerlo", ha manifestado.
"Por ello, el Gobierno de España pide a Sri Lanka que mantenga su compromiso de más de cuatro décadas con el derecho a la vida y a la dignidad humana", ha zanjado el Ministerio español.
Sirisena fue elegido como un reformista en enero de 2015, pero ha tenido problemas a la hora de cumplir con sus promesas de abordar los abusos a los Derechos Humanos, eliminar la corrupción y garantizar el buen gobierno en el país.
El mandatario ha sido objeto de una creciente presión desde la crisis política registrada el año pasado y más recientemente ha sido objeto de críticas por su gestión del atentado del Domingo de Pascua, reivindicado por Estado Islámico, en el que murieron más de 250 personas.
Muchos ceilandeses, incluidos varios influyentes líderes religiosos, están en favor de la reinstauración de la pena de muerte para reducir la creciente delincuencia, si bien los grupos de defensa de los Derechos Humanos han advertido de que dicha medida sería inefectiva.
La última ejecución en Sri Lanka tuvo lugar hace 43 años. El último verdugo del país se retiró en 2014 sin haber ejecutado a nadie, mientras que otro contratado en 2018 nunca se presentó a su trabajo.
La política de mano dura del presidente se inspira en parte en la llamada "guerra contra las drogas" del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en la que miles de personas han muerto en operaciones de las fuerzas de seguridad.
Andalucía
